La nueva segregacion social regia

Nuestras ciudades nuevoleonesas, al ser afectadas particularmente en el último lustro por los embates de la inseguridad causada por el fenómeno delictivo, rubro en el cual destaca por su mayor incidencia el robo a casa-habitación, y al resultar insuficientes e ineficientes las políticas públicas implementadas por el gobierno del Estado, al igual que los municipios para enfrentar con éxito a la delincuencia, evitar la impunidad y aplicar la ley, encontramos el perfecto caldo de cultivo que explica la búsqueda de mecanismos falsarios que proporcionen la tranquilidad y seguridad que se piensa (erróneamente) encontrar por medio del cierre de calles, otrora abiertas, y en la llegada masiva de los fraccionamientos cerrados.

El fraccionamiento cerrado, que en sus inicios se presentaba como una alternativa de exclusividad social para las clases altas, ha empezado a permear en otros estratos sociales sin limitarse a una sola condición económica, y para crear una falsa idea de mayor seguridad.

La idea de cerrar colonias y fraccionamientos basa su éxito en la venta de la idea, por parte de sus promotores, de una imagen de seguridad en los muros que rodean el proyecto inmobiliario, las rejas y portones, la caseta de acceso, y la presencia de guardias privados. Se les atribuye una sensación de protección que convence a sus residentes en virtud de la inseguridad y de la delincuencia que prevalecen en la comunidad. Tal vez por lo anterior, hace unos días, en un segundo intento, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Estado de Nuevo León logró aprobar la intitulada “Ley de Juntas Vecinales”, la cual establece la facultad a los vecinos de cerrar calles o restringir el acceso a las colonias como una medida contra la inseguridad.

Entre los puntos que contempla esta iniciativa presentada el pasado mes de diciembre, se establece la facultad de un municipio para autorizar un cierre de cualquier colonia si se cuenta con el acuerdo del 75 por ciento de residentes de la colonia, así también el que se permitirá el acceso a cualquier persona, siempre y cuando se identifiquen y brinden sus datos.

En la lógica de la probable ley en cita, la promoción de los fraccionamientos cerrados desafortunadamente son una muestra de lo mal que estamos en cuanto a respeto a la ley y demuestra la falta de conocimiento de los derechos propios y ajenos. De inicio la única manera legal de cerrar una calle y ponerle rejas o plumas es que fuera propiedad de los vecinos, es decir, que las calles fueran propiedad en condominio.

Además, según la Ley de Seguridad Privada del Estado, ningún guardia puede ejercer funciones de autoridad, lo que nos lleva a que no pueden pedirle a ninguna persona que se identifique para usar una vía pública. Es más, ni siquiera la policía puede impedirle a ningún ciudadano que circule por la vía pública e interrogarlo sin causa justificada.

Esto refleja que la incompetencia de las policías municipales ahora se pretende resolver mediante una ley que promueve el aislamismo, por lo que ahora seremos el estado de la república más segregacionista del país. Ahora resulta que el derecho al libre tránsito ya no es una garantía constitucional sino que puede ser cancelado por decisión vecinal. La táctica ha funcionado bien para los políticos, pues los vecinos, en vez de reclamarle al gobierno municipal más seguridad, se conformaran con pedir más rejas.

Según los especialistas en temas de sociología y causas criminológicas, la pobreza es el factor primordial del sentimiento de exclusión social, esto es, el sentimiento o percepción de expulsión social o falta de horizontes. Además se plantea muchas veces una relación automática entre pobreza y violencia, a lo que, por supuesto no se debe plantear de manera tan simplista, sin embargo, lo que sí se puede percibir es que la pobreza tiene un rasgo muy específico que es la desigualdad.

Esta desigualdad coloca en el centro de la discusión a la exclusión social y la visibilidad de esa exclusión social, es decir que los sectores populares no solo están empobrecidos sino que son capaces de ver que son excluidos de los beneficios de otros.

Cuando un joven de una colonia popular y brava pasa por colonias o fraccionamientos cerrados, evidentemente se da cuenta de que esas cosas que ve ahí le son excluyentes, y simplemente percibe que él y los suyos están excluido de esos beneficios. Para considerar esto no hay que hacer ningún tipo de análisis, ya que es más que obvio.

Esta circunstancia trae como consecuencia reacciones psicosociales en esa población, que siente la exclusión como marginación y empobrecimiento. Esto genera un panorama que es muy peligroso, sobre todo para los jóvenes: la gente vive cotidianamente violentada por, y a causa de la exclusión social.

Tan fuerte es esto, que muchos hablan hoy de expulsión social, para indicar que una buena parte de la población está expulsada. Se trata de sectores que están siendo ocultados, e ignorados y que cuando aparecen lo hacen como sectores de los cuales la sociedad no espera nada. La psicología básica nos dice que si usted le hace ver o sentir a alguien que no espera nada de él o de ella, lo está invitando a que asuma su prójimo ignorado una posición o conducta negativa, porque para usted esa persona no es relevante.

La exclusión social o expulsión social significa una ruptura de las oportunidades, una erradicación de la sociabilidad y negación del tejido social.

En cambio, si una sociedad convive en solidaridad, fortaleciendo el tejido social y ayuda, eso va a dar la ocasión de ser más pleno, tener más derechos; pues voy a ser una persona con capacidad de convivencia. Todo esto nos indica que es la práctica social la que enseña a convivir o a no convivir, a ser sociable o a no serlo y, en este contexto que estamos viendo en Monterrey, la estructura social se está estableciendo en nuevas pautas, en la enseñanza de la negación de la sociabilidad y de la convivencia.

En un artículo anterior, llamado “las colonias charters” mencionamos como la violencia y la inseguridad prevaleciente en amplios sectores de nuestra área metropolitana y la incapacidad del estado de garantizar las condiciones mínimas de seguridad pública y de atención eficiente de los diversos problemas que genera la delincuencia organizada y el aumento considerable de los delitos de orden común (robos en casa habitación, robo de vehículos, extorsiones, etc.) han propiciado que los habitantes de diversas colonias de clase alta y media se constituyan en defensores de sus territorio inmediato, procediendo a levantar muros o vallas sin permiso previo de la autoridad municipal, provocando una relativa sensación de seguridad comunitaria, pero aislando su morada y su vecindario del resto de la ciudadanía; el temor, el miedo y la impunidad han sido factores que han detonado el incremento de sectores habitacionales “exclusivos”, o a falta de esta moda posmoderna algunos colonos han optado por la acción directa, amurallar su espacio vital.

Y los especialistas hablan: Liliana López nos detalla este proceso que se ha generalizado en diversos municipios del país, Liliana nos dice. “A falta de políticas públicas efectivas por parte del gobierno para resolver el problema de criminalidad y narcomenudeo en las ciudades, una de las estrategias de la población ante la violencia dominante es vivir en fraccionamientos cerrados; y aunque existen testimonios de actos ilícitos al interior de dichos lugares, los residentes, en general, valoran positivamente la solución. De manera tal que es cada vez más común el modelo de producción inmobiliaria habitacional que contiene bardas perimetrales, alambradas, sistemas de alarmas, elementos para el control de acceso y algunas incluso aprovechan los rasgos topográficos para construir el aislamiento. (Liliana López Levi, Fortificaciones habitacionales en México, Revista Argumentos UAM-X).

Finalizamos con una afirmación muy esclarecedora de Liliana López sobre la oposición existente entre los espacios públicos y los espacios cerrados, y sus repercusiones ciudadanas:

“Así, cuando se considera que una de las principales calidades sociales del espacio urbano es la de ser un espacio cívico, esto nos refiere, en términos territoriales, al espacio público, que constituye el cimiento de la vida urbana desde la dimensión política de esta última. El espacio residencial cerrado se opone así al espacio público. El primer extremo de esta oposición se distingue por la necesidad particular de seguridad: el segundo, por la necesidad social de apertura a todos los individuos de cualquier cultura o nivel social”.

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Obed Campos