¡Otra vez la ‘Roqueseñal’!

 En este mundo no se puede estar seguro de nada, salvo de la muerte y de los impuestos.
Benjamin Franklin

 La tan cacareada iniciativa de Reforma Hacendaria enviada por el Presidente Peña Nieto por fin llegó al Congreso, misma que deberá ser discutida en las próximas semanas por los legisladores. Su contenido ha causado una polémica generalizada por motivo de diversos temas, desde la imposición del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los alimentos… para mascotas! o el IVA a la goma de mascar por no considerarse fiscalmente al chicle como un producto tragable.

 Por supuesto que la reforma tiene más modificaciones, como propuestas mayormente impositivas para personas físicas con ingresos superiores a los 500 mil pesos anuales, el aumento de gravámenes a la venta de refrescos, o incluso la desaparición del Impuesto Empresarial de Tasa Única (IETU) y el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE); pero en nuestra visión, uno de los tópicos más sensibles de esta “miscelánea” que atenta focalizadamente contra las familias de clase media del país son las propuestas duales de eliminar la exención del IVA a los servicios de educación privada, y gravar con IVA a las colegiaturas.

 Por supuesto que los impuestos nacen como un necesario mecanismo de obtención de ingresos para quien detenta el poder político. En general fueron implementados para financiar la satisfacción de las necesidades públicas. Los primeros recursos tributarios fueron aquellos que el Estado obtuvo mediante el ejercicio de su poder de imperio (o del garrote, que es lo mismo) o a través de costumbres que luego se convirtieron en leyes.

En México, uno de los principales gravámenes federales es el Impuesto al Valor Agregado (IVA), creado en 1978, y herencia del defenestrado José López Portillo, cuya recaudación significa para el Gobierno Federal la mitad del total de sus ingresos tributarios. En la teoría El IVA es el aumento de precio que se genera como consecuencia de la utilización de los factores que intervienen en cada una de las etapas que forman parte del proceso económico de producción y comercialización hasta llegar al consumidor final.

En sus inicios  el IVA era atractivo por ser un impuesto general, de tasa única de 10 por ciento, sencillo de aplicar y con alto potencial recaudatorio. Muy pronto, sin embargo, el concepto original de un impuesto moderno y eficaz se fue distorsionando con tratamientos especiales, excepciones, exenciones y tasas diferenciadas –que dieron en su momento un rendimiento político al estilo priista-, pero que dañaron su sentido original de la capacidad recaudatoria del impuesto.

El IVA, para el consumidor, significa una disminución de su capacidad de consumo que además, no considera su capacidad contributiva ya que es un impuesto indirecto, es decir. Se le cobra la misma tasa a quien compra un bulto de cemento que al que compra mil. Asimismo, al presentar el impuesto en su esquema actividades con tasas diferenciadas o exentas, esto ha generado una discusión permanente sobre su equidad y sobre el esquema adecuado del mismo.

Su fundamentación se encuentra en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (CPEUM) que establece en la fracción IV del artículo 31 ubicado en el capítulo II. De los mexicanos. La obligación de contribuir con el gasto público al establecer que…son obligaciones de los mexicanos: “Contribuir al gasto público de la federación, estado o municipio en que resida de la manera proporcional y equitativa que establezcan las leyes”.

La historia de este gravamen nos dice que al año de su implementación, en 1981, se reducen las exenciones en los diversos actos u operaciones que generan el gravamen, para darle más generalidad en su aplicación. En 1983, aumenta la tasa general del 10% al 15%, y surge la tasa especial del 6% para gravar ciertos artículos o actos que estaban exentos, incluyéndose importaciones de bienes para ser consumidos en la zona fronteriza de nuestro país. En 1991, nuevamente regresa la cuota general del 10%.

En 1995, cuando el país pasaba por la que ha sido su peor crisis económica, se subió el IVA del 10 a 15%, hecho que quedó grabado en la memoria colectiva de los mexicanos con aquella fotografía que captaba el preciso instante de júbilo exacerbado que hizo el entonces legislador priista, el tristemente célebre Humberto Roque Villanueva;  quien teniendo como testigo de asistencia al saqueador José Natividad González Parás, dio para la posteridad el mítico ademán acuñado desde entonces en la biblioteca de hechos y frases de la política surrealista tenochca, conocida como la Roqueseñal, misma que estaría en vigor hasta el año 2009, para ser aumentada  posteriormente al actual 16%.

Cierto es que este impuesto sobre el valor agregado o impuesto sobre el valor añadido, es aplicado en muchos países, y generalizado en la Unión Europea. No obstante nuestros socios comerciales pagan mucho menos IVA que los mexicanos. Por ejemplo, en Canadá el impuesto es a razón de 5%, y en los Estados Unidos ni siquiera se cuenta con un IVA federal, sino como buena Federación que son tienen un sistema de gravamen de los bienes de consumo que aplica cada estado de forma independiente, pero que en promedio rondan dichas “taxes” el 6% sobre la venta.

Mención aparte resulta el sistema educativo en los Estados Unidos. ¿Sabía usted que las mejores escuelas de educación básica son escuelas públicas, en donde no se cobra a los padres cuota alguna? Por tal motivo, de gravar con el Impuesto al Valor Agregado las colegiaturas se estaría dando un  golpe adicional a la sufrida clase media del país, la cual realiza un doble esfuerzo por ofrecer a sus hijos la posibilidad de acceder a un nivel educativo que el sector público no proporciona, sino que al contrario, pues de acuerdo a los exámenes ENLACE la calidad de la educación pública progresivamente a mostrado un descenso en sus estándares de aprovechamiento.

 El cobro de dicho gravamen sería directo al pago de las colegiaturas que realicen los padres de familia, quienes no son precisamente los más ricos como se quiere hacer creer, son familias cuyos ingresos no rebasan muchas veces los 20 mil pesos mensuales.

La explicación que da el gobierno de Peña Nieto a este gravamen es que 39 por ciento del gasto monetario de los hogares dedicado a servicios de educación, se concentra en 10 por ciento de los hogares de mayores ingresos, gravando más a los que más tienen. ¿No será más bien una repetición de la roqueseñal ahora a cargo de Peña Nieto como venganza por ser la clase media el grupo de la población que no votó mayoritariamente por el?

 En conclusión, creemos que es un mal diagnóstico de las huestes del Secretario de Hacienda Luis Videgaray, porque la clase media busca mejorar la calidad de los servicios educativos que reciben sus hijos, y para ello hace esfuerzos denodados y continuos; no es que sea la gente más rica, sino que mayoritariamente esa es la población que más trabaja, y con múltiples sacrificios se proponen brindarles la mejor instrucción posible a sus vástagos.

 Pero no se preocupe, las autoridades dicen que la educación pública seguirá gratuita, y sin pagar IVA.
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Obed Campos