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La oposición panista

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En los últimos días el Partido Acción Nacional afinó su estrategia mediática desde el palco de la oposición. Aquí en Nuevo León, están los espectaculares que critican los logros que presume el gobierno priísta del Estado. En el Senado, además ya se anunció una iniciativa también panista para sancionar a los funcionarios que no cumplan sus promesas de campaña.

En la contra-imagen que está ejercitando el panismo local, haya o no argumentos, la reacción se inscribe en el típico enfrentamiento entre el PAN el PRI. Ya lo hemos visto a lo largo de la anterior legislatura local, lo vimos en campañas, lo comprobamos en la paralizada legislatura local, y lo notamos en cada escándalo desatado por funcionarios de uno y otro partido.

Entendemos que todos los partidos, absolutamente todos, tiene la obligación social de ser extremadamente críticos de la función pública. Deben hacerlo, por sus principios políticos, y n hacerlos públicos desde cualquier tribuna a la que tengan acceso. Así es, pero esta fiscalización debe ser hacia todos los funcionarios y acciones públicas, incluso aquellos que hayan surgido desde el propio partido.

Aquí en Nuevo León, todos los partidos, y sobre todo el PRI y el PAN, ejercen esa crítica cada vez con mayor dedicación. Lo malo es que por más acertadas que sean sus críticas, al final terminan neutralizadas por los propios partidos. El problema es que critican ferozmente a la oposición, pero defienden con todavía mayor ferocidad a funcionarios y gobiernos de sus partidos. Así, finalmente todo lo reducen un enfrentamiento que, al final, nunca tendrá consecuencias sociales, salvo el descrédito y desprecio populares.

En el mismo tono está la iniciativa que pretende promover Acción Nacional. Todos le ciudadanos  desean realmente un instrumento legal que acabe de una vez por todas con las mentiras que se dicen en las campañas. Las promesas de campaña no solo son mentira en muchos casos, además son una burla a la esperanza de los electores.

La iniciativa parece una solución para todos, pero al final termina siendo una estrategia mediática más. Sobre todo porque está dedicada especialmente al gobierno del Estado de México, el feudo del próximo presidente de la República. Además, si se legislara, la iniciativa supone que al funcionario se le inhabilitaría para buscar otro cargo de elección popular. Eso se contrapone con un derecho constitucional. El político inhabilitado podría ir a la corte para defender su derecho, y lo más seguro es que tendría éxito…

Por cierto, ese derecho a buscar un puesto de elección popular es un derecho de todos los ciudadanos, pero sólo lo pueden ejercer los políticos afiliados a un partido político. Claramente se viola un derecho constitucional… pero aquí sí, los partidos no dicen ni hacen absolutamente nada.

ENFOQUE MONTERREY en Radio Beat, 90.1 FM
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