Cd. Victoria, Tam.- De manera gradual, sin hacer mucho ruido, cubriendo etapas y con la paciencia necesaria, el Ejecutivo estatal ha ido cumpliendo cabalmente el compromiso de castigar el saqueo cabezón, mostrando a la fecha una amplitud suficiente de hallazgos para merecer el nombre de megaproceso.
Ciertamente, no es comparable a casos célebres que se han hecho acreedores a este calificativo como el ODEBRECHT o la ESTAFA MAESTRA. Sin embargo, la compleja auditoría al gobierno de PANCHO CABEZA tiene todo para adjetivar la revisión de esa manera.
Y es equiparable a los arqueos contra gobernadores de voracidad legendaria (priístas los dos) como MARIO VILLANUEVA (Quintana Roo) y JAVIER DUARTE (Veracruz). Ambos, al igual que CABEZA, tampoco tuvieron el valor civil para asistir a la entrega del mando a su sucesor. Se dieron a la fuga días antes de terminar sus mandatos.
El saqueo cabezón es equiparable a los arriba referidos por: (1) el número de exfuncionarios implicados (129), (2) la cantidad de denuncias (47), (3) el monto del daño patrimonial (1,157 millones de pesos) el cual podría ser mucho mayor si escarban más profundo.
Y también (4) por la relevancia política, pues involucra al exgobernador y su círculo cercano, así como (5) la complejidad de los procesos, el número de dependencias implicadas y la lluvia de amparos obtenidos por la defensa.
NOSOTROS LOS GÓMEZ
El caso más reciente es el extitular de la SET, MARIO GÓMEZ MONROY. El pasado jueves 21 de agosto, el Tribunal Unitario que preside la jueza MARTHA PATRICIA RODRÍGUEZ, lo declaró culpable por los delitos de peculado y ejercicio ilícito del servicio público, con un daño patrimonial de 8.2 millones de pesos al erario tamaulipeco.
Lo cual deriva del convenio irregular firmado con una empresa aseguradora pues, sin tener las facultades necesarias, autorizó retenciones del 1% al salario de los trabajadores por concepto de primas, entre 2018 y 2022.
Hay también cuentas alegres en el manejo de 2 mil 093 millones de pesos pertenecientes al Fondo de Aportaciones a la Nómina Educativa, incluyendo pagos a maestros fallecidos.
El señor GÓMEZ sería primo de la exprimera dama MARIANA GÓMEZ LEAL. De la misma influencia familiar, PILAR GÓMEZ (prima también) obtuvo una curul local y la alcaldía sustituta de Victoria, pese a provenir de familia reynosense y ser nacida en McAllen, Texas.
Y el senador J. R. GÓMEZ, teóricamente distanciado de PANCHO CABEZA, aunque en medios lo consideran “panista de closet”, más ligado a los intereses de su clan que a MORENA, el partido que le dio cobijo y cargos.
OTROS CASOS
Al igual que los juicios contra VILLANUEVA y DUARTE, el proceso contra el exgobernador de Tamaulipas incluye una cantidad amplia de personajes muy cercanos.
Como el exsecretario de Bienestar RÓMULO GARZA, hoy vinculado a proceso por cargos como el uso ilícito de atribuciones y facultades, por la compra irregular de 474 mil despensas en 125 millones de pesos durante 2020, bajo la pandemia.
Anomalía que luego repitió en la adquisición de 2.6 millones de despensas mediante adjudicación directa por 650 millones de pesos. Igual que su expatrón, también se dio a la fuga, pero fue capturado en San Luis Potosí en enero del presente 2025.
Otro caso sería el de la excontralora ELDA AURORA VIÑAS, vinculada a proceso desde marzo de 2025 por la adjudicación indebida de 14 contratos por más de 8 millones de pesos. Habría violado por ello la Ley de Adquisiciones al eludir licitaciones públicas.
Por el mismo asunto fue también vinculado a proceso el exsecretario de Administración JESÚS ALBERTO SALAZAR. La diferencia es que mientras ELDA AURORA supo dar la cara y hoy enfrenta la acusación en libertad, en cambio JESÚS ALBERTO no se presentó a las audiencias y anda prófugo de la justicia.
Por igual asoma el nombre de GILBERTO ESTRELLA, exsecretario de Desarrollo Urbano, vinculado a proceso por ejercicio ilícito del servicio público, condonación indebida de multas y omisiones deliberadas en la supervisión y sanción a empresas extractoras de materiales.
TODO EL CLAN
Según las cuentas de la contralora NORMA ANGÉLICA PEDRAZA, se han presentado al menos 5 denuncias ante la FGR y 12 ante la Fiscalía Anticorrupción contra exfuncionarios de primer nivel, en dependencias como Obras Públicas, Bienestar Social, Salud, Secretaría General y el Instituto del Deporte.
Hay 47 acusaciones formuladas por la fiscalía anticorrupción que involucran a 129 exfuncionarios de la administración cabezona, incluyendo al exgobernador, por delitos como extorsión, peculado y uso indebido de funciones.
Se suman 15 órdenes de arresto; amén de ocho exfuncionarios inhabilitados en el ejercicio del servicio público, por no presentar su declaración patrimonial y más de 80 bajo investigación.
Un reporte en la revista PROCESO el 10 de mayo pasado (https://tinyl.co/3ciV) indica que la Fiscalía General de la República (FGR) habría solicitado órdenes de aprehensión contra familiares cercanos al exgobernador albiazul, como su esposa MARIANA GÓMEZ y su hermano JOSÉ MANUEL, entre una larga lista.
Pese a ello, la ineficiencia de la FGR es más que sospechosa, en los delitos federales que dieron motivo al desafuero de 2023. Veremos si la justicia tamaulipeca procede con mayor celeridad en los delitos del orden común atribuidos al exmandatario, con la nueva hornada de jueces y magistrados que asumen el primero de septiembre. Para bien o para mal, habrá que tomar nota.
BUZÓN: [email protected]
