México tiene, desde este 1 de septiembre, el primer poder judicial nombrado por voto popular, lo cual es motivo de preocupación y de esperanza, según el cristal con que se mire. El cambio pone a prueba una reforma inaplazable para dotar al país de un sistema de justicia real y no meramente escenográfico. El resultado está por verse. Hay voces que anticipan un desastre. ¿Peor que el anterior que fingieron no ver? El tiempo pondrá las cosas en su lugar. Sin embargo, fuera de los medios de comunicación adversos y propicios, del oficialismo, de las oposiciones y de los grupos de poder, el tema dice poco o nada a la mayoría a pesar de su trascendencia. Esto se debe a que los ministros de la Suprema Corte de Justicia sirvieron desde sus pedestales al poder político y a las élites, pero fueron sordos al clamor de quienes, por falta de dinero e influencias, nunca merecieron su atención.
En el pasado los ministros eran elegidos por el presidente de turno de manera escalonada a través de los senadores del partido gobernante y de sus aliados cuando no tenía mayoría calificada. Así, el PRI y el PAN se repartían los asientos. La reforma judicial de Ernesto Zedillo, ponderada por la expresidenta del tribunal constitucional, Norma Piña, desapareció la Corte de un plumazo. La medida tuvo cosas buenas, pero no resolvió el problema de raíz: la falta de acceso a una justicia equitativa y no solo a merced de los poderosos. Las cárceles no dejan mentir. Piña se despidió del cargo con la frase del expresidente Salvador Allende: «La historia nos juzgará». El contexto no es el mismo, pero acaso la utilizó para sembrar la idea de que, como el político chileno, ella y sus compañeros habían sido objeto de un golpe de Estado.
Sin asomo de autocrítica, prueba de su ceguera, Piña, quien fue propuesta para ministra por el presidente Enrique Peña Nieto, se regodeó: «La congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la honradez y la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia». La Corte era el último reducto de los poderes fácticos. Piña actuó en consecuencia y se aventuró a medir fuerzas con un presidente fuerte, altamente legitimado y con el control del Congreso, estimulada por los mismos sectores que más tarde apoyarían a la candidata de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez. Piña recorrió el país, se reunió con magistrados y jueces contrarios a la reforma. Al final, el resultado fue el mismo: la mayoría le dio la espalda a su proyecto: el de la perpetuación de un sistema judicial viciado y el de la restauración del régimen anterior.
Viridiana Ríos, analista y politóloga, a quien The Economist retrata como «una fuerza que mueve y sacude a México» (Wikipedia), replicó a Piña en el programa Tercer Grado. «La historia ya los juzgó. (…) Tenían un consejo de la judicatura que condonó actos de corrupción y de poder (…), no ganó un solo caso contra jueces y magistrados en prácticamente 25 años. Tenían un poder judicial donde 37% de las personas eran parientes (…), un liderazgo que no tenía la suficiente autocrítica. No se entendió la urgencia de una reforma judicial. Cuando empezó a cambiar el entramado institucional, luego de la llegada del obradorismo, por el contrario, tuvimos una Norma Piña que se concibió como una opositora, y una Suprema Corte de Justicia que utilizó la interpretación de la ley de manera ideológica para beneficiarse a sí mismos. Pienso en casos como los fideicomisos y la protección a ultranza de sus sueldos».
El dictamen de Ríos, con el cual seguramente la mayoría coincide, adelantó el juicio de la historia. «Utilizaron la Suprema Corte de Justicia para invalidar normas, además con criterios inexistentes, para permitir la falta de competencia (…), la evasión fiscal (y) negar los derechos de muchos trabajadores. (…) La suprema Corte de Justicia históricamente quedó a deber». De no haber sido así, sentenció la Joven Líder Mundial según la declaró el Foro Económico Mundial (2020), «no hubiera habido un 70% de la población en favor de una reforma del poder judicial porque en México no hay justicia». ¿La habrá con el nuevo sistema judicial? El mandato de los ciudadanos es acabar con la simulación para que no sea el poder económico y político, sino la ley, la que impere.
