Las legislaturas locales no alcanzan todavía el nivel de debate del Congreso federal ni la influencia necesaria para ser un contrapeso frente el ejecutivo, sobre todo en gobiernos divididos. El PRI perdió la mayoría parlamentaria en las elecciones de medio mandato de Ernesto Zedillo, celebradas en 1996. Ejercer la presidencia en las mismas circunstancias obligó a Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto a negociar el presupuesto, las reformas a la Constitución y las leyes secundarias con las bancadas de los principales partidos. También con los gobernadores, jefes de facto de los diputados y los senadores. Los Gobiernos unificados volvieron con Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
Los congresos estatales han girado siempre en la órbita del gobernador. Pasó en la hegemonía priista y hoy sucede lo mismo en los 24 estados gobernados por Morena, los cuatro en poder del PAN y los dos en manos del PRI. En Nuevo León, Samuel García lidia con un Congreso hostil. Los 10 diputados de Movimiento Ciudadano poco pueden hacer para contener los embates del bloque PAN-PRI-PRD que los duplica. Las discrepancias han obligado a la administración a ejercer el presupuesto de años anteriores. En Jalisco MC tampoco tiene mayoría, pero sí la ventaja de que el PRI y el PAN no controlan la legislatura. Morena es en ambos estados la segunda fuerza electoral.
La mayoría de la coalición PRI-PAN-PRD en el Congreso de Coahuila le permite al gobernador Manolo Jiménez avanzar su agenda sin dificultades. Los diputados de Morena, lejos de representar una amenaza, actúan como aliados suyos. El tablero podría modificarse en la segunda parte del sexenio, si Morena y el PT aumentan su presencia en la legislatura, y el PAN compite solo en las elecciones del año próximo. Frente a esa eventualidad, el presidente del comité estatal del PRI, Carlos Robles Loustaunau, advierte que su partido cuenta con los perfiles adecuados para ganar los 15 distritos.
Por razones obvias y otras que más tarde aflorarían, Humberto y Rubén Moreira tuvieron especial cuidado en hacerse con la mayoría de asientos en el Congreso. El segundo de ellos urdió reformas para escamotearle diputaciones al PAN, restarle representación e inflar a los satélites del PRI (PRD, Verde, Nueva Alianza, Socialdemócrata y Primero Coahuila). Repartir los votos antes de las elecciones le permitía a los partidos paleros conservar su registro. La sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en Monterrey prohibió el trasvase de sufragios que daban a la legislatura local un barniz plural.
El Instituto y el Tribunal Estatal Electoral, cuyos presidentes fueron después funcionarios del Gobierno, jugaron un papel clave en el montaje. Los consejeros y magistrados eran propuestos por el gobernador y los congresos los aprobaban sin chistar. Los consejeros del IEC recibían por celular consignas contra las oposiciones mientras sesionaban. La presión forzó una reforma constitucional para romper el círculo vicioso en el país y transferir al Instituto Nacional Electoral (INE) la facultad de nombrar a los consejos generales de los organismos públicos locales electorales de los estados (Oples), los cuales fueron dotados de autonomía operativa e independencia en la toma de decisiones. Para que las elecciones locales se organicen de acuerdo con los criterios federales, los Oples se coordinan con el INE.
