“Nada con exceso, todo con medida”
Slogan publicitario
Convocados por las comisiones unidas de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de Nuevo León, un grupo de periodistas se dio cita para aportar sus puntos de vista en materia de transparencia y rendición de cuentas, a fin de que los legisladores consideren esta información en la posibles modificaciones a las leyes en la materia.
Todo muy bonito y muy sabroso y como de costumbre llovieron las quejas de lo engorrosos que son los trámites para solicitar, vía transparencia, una copia fotostática de un solo dato de los entes gubernamentales.
Sin embargo no se habló de un asunto que, gracias a la transparencia, pone en situación de altísimo riesgo a infinidad de proveedores de bienes, productos y/o servicios de los diferentes niveles de gobierno.
Sí, para un ciudadano común o un periodista es un viacrucis conseguir un solo dato, pero ah, para los delincuentes el gobierno, bajo la misma premisa de la transparencia, pone a su entera disposición de manera gratuita en internet y sin ninguna restricción, datos sensibles de empresas y negocios, con los nombres de sus directivos o representantes legales, sus direcciones y teléfonos.
Basta con entrar a la página web de un Municipio o de una dependencia gubernamental y rascarle cosita de nada para que mágicamente tengas toda esa información, ¿y qué hacen los malandros con ella? ¡Intentar extorsionarte vía telefónica! Lo cual, lamentablemente, ha ocurrido en un buen número de ocasiones.
Porque no sé qué tan bien puestos tengan los pantalones los diputados y diputadas, pero que te suene el teléfono y del otro lado escuches una voz que con temeraria seguridad te dice “¿Llamo a tal negocio?” y obvio respondes que sí, para después preguntar: “¿Me podría comunicar con fulano de tal… le está llamando el ingeniero fulanito del Municipio para una cotización” y cuando fulano toma la llamada empiezan las amenazas: “Estás en tal lugar, te tenemos vigilado y si no le brincas con tanto te vamos a matar, te vamos a levantar, ya sabemos dónde vives” y todo lo que se estila en estos casos. La verdad no creo que ninguno de nuestros legisladores aguante la presión.
El tema es viejo, lo he tratado personalmente con funcionarios de Transparencia y de Derechos Humanos, pero no se ha podido avanzar. Ahora que nuestras diputadas andan tan interesadas en cambiar las cosas, bien podrían empezar por proteger la identidad de estos proveedores y que esa información quede en resguardo y no se entregue a nadie que no tenga un legítimo interés, porque tenerla abierta como hoy sucede, convierte a la transparencia en cómplice de los delincuentes.
