La corrupción en los estados es otro de los efectos perniciosos de la alternancia. Durante la presidencia imperial, los gobernadores salvaban las apariencias para conservar el cargo. En casos extremos, el castigo era la destitución, nunca la cárcel. Los caciques locales hicieron lo que les vino en gana con presidentes blandengues como Fox, Calderón y Peña Nieto. El respeto y el miedo a la investidura se perdió en ese periodo. No es casual, entonces, que la mitad de «Los 10 mexicanos más corruptos» de 2013, según Forbes, fueran gobernadores: Andrés Granier (Tabasco), Tomás Yarrington (Tamaulipas), Humberto Moreira (Coahuila), Fidel Herrera (Veracruz) y Arturo Montiel (Estado de México), citados en ese orden.
Montiel fue candidato presidencial del grupo Todos Unidos Contra Madrazo (Tucom) en 2006, pero abandonó la carrera al ventilarse una parte de su inmensa fortuna. Dolia Estévez lo describe en su nota de los 10: «Miembro del Grupo Atlacomulco del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se encuentra acusado por su esposa, Maudi Versini, de secuestrar a sus tres hijos. Asimismo, fue blanco de acusaciones por la posesión de mansiones millonarias y transacciones bancarias en México y Francia». Montiel no obtuvo la presidencia, pero sí su sobrino, Enrique Peña Nieto, seis años después. Previamente le había heredado la gubernatura para no ser investigado.
Granier se jactaba de haber adquirido 400 pares de zapatos, 300 trajes y 1,000 camisas en tiendas exclusivas de Nueva York y Los Ángeles. La policía lo detuvo a mediados de 2013 bajo cargos de corrupción, peculado, evasión de impuestos y lavado de dinero. Dos años después, un juez lo envió de vuelta a casa. Tomás Yarrington no tuvo la misna suerte. Purgó siete años en prisiones de Estados Unidos por haber recibido sobornos de carteles de la droga, y ahora espera sentencia en México por delitos contra la salud.
Fidel Herrera no solo no fue procesado por sus supuestos vínculos con los carteles del Golfo y Los Zetas. El presidente Peña le otorgó el consulado de México en Barcelona, en 2015, como premio por sus servicios. Sin embargo, el escándalo por haber administrado en su Gobierno agua destilada a niños con cáncer, en vez de quimioterapias, cruzó el Atlántico. Gerardo Pisarello, primer teniente de alcalde de la capital catalana, envió una carta al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación para impugnar el nombramiento. «(…) las relaciones internacionales de todas las administraciones, desde el ayuntamiento hasta el Estado español, deben obedecer a unos principios éticos y de respeto a los derechos humanos» (Proceso, 05.02.17). Herrera renunció. El 2 de mayo pasado falleció, a los 76 años. No consiguió ni una cosa ni otra.
Humberto Moreira (lugar 7) entró a la nómina de Forbes por la deuda. «(La aumentó) en más de un centenar de veces, pasando de 200 a 35 mil millones de pesos, la peor crisis en la historia de aquel estado». El exgobernador pidió a la revista retirar su nombre y ofrecerle una disculpa. «Lo publicado es falso, difamatorio y malicioso en cuanto a mi cliente, por lo que tenemos la intención de hacer responsables a su revista y a la señora Estévez de los daños compensatorios y punibles», escribieron sus abogados (Sin embargo, 21.12.13). Steve Zansberg, defensor de la periodista, replicó, también en una carta, que la «amplia reputación» del exgobernador y la inserción de su nombre en el listado no puede servir de base para una demanda de difamación bajo las leyes sólidamente establecidas en Estados Unidos» (Aristegui Noticias, 05.01.14). Dos años después, Moreira fue detenido en el aeropuerto de Madrid, a solicitud del Gobierno de Estados Unidos, como parte de una «operación contra el blanqueo de capitales y lavado de dinero» (BBC News Mundo, 15.01.16). Quince días después regresó a México como si tal cosa.
