Tomás Yarrington pudo ser candidato presidencial en 2006. Verlo descender 19 años después de un helicóptero, para ser internado en el penal del Altiplano, de donde el Chapo Guzmán se fugó hace una década, muestra el rostro fútil y sombrío del poder. Tamaulipas, donde hace casi un siglo se fundó el primer cartel de la droga en México, el del Golfo, también ostenta el poco honroso lugar de ser el estado con mayor número de exgobernadores procesados por delitos de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, peculado y delincuencia organizada. En medio de las disputas territoriales y políticas, Rodolfo Torre Cantú, candidato del PRI a la gubernatura, fue abatido el 28 de junio de 2010 por un comando en vísperas de las elecciones. Le sustituyó su hermano Egidio.
Yarrington fue vinculado al asesinato de Torre por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), según un reportaje de la revista Eme Equis publicado en junio de 2012. Dos meses después, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) informó que en 1998 Yarrington recibió 8.5 millones de dólares de los carteles del Golfo y de Ciudad Juárez para su campaña por la gubernatura. El priista derrotó sin dificultad al candidato del PAN, Gustavo Cárdenas.
Yarrington ya había sido alcalde de Matamoros y secretario de Hacienda en el Gobierno de Manuel Cavazos (también señalado por presuntos nexos con el narcotráfico), a quien sustituyó en el cargo. El responsable de reunir fondos para la campaña de Yarrington fue Eugenio Hernández, quien se convertiría en gobernador en 2005. Años después, su nombre fue citado en una corte federal de Corpus Christi, Texas, por el empresario lagunero Guillermo Flores Cordero, quien se declaró culpable de lavado de dinero. Estados Unidos acusó al exgobernador del mismo delito y solicitó su extradición.
«Eugenio Hernández ha sido identificado por la DEA como quien recibió sobornos del cartel de las drogas los Zetas (…) para operar sin restricciones en Tamaulipas, mientras fue gobernador», dijo la fiscal asistente Julia Hampton (El Norte de Monterrey, 03.07.14). Hernández fue capturado en octubre de 2017 acusado de peculado y lavado de dinero. Cinco años después, un juez de control ordenó su liberación y desde el año pasado es senador del Partido Verde Ecologista, aliado de Morena. Egidio Torre Cantú, sucesor de Hernández, fue denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de «encubrimiento, delincuencia organizada, asociación delictuosa y peculado» (La Jornada, 26.04.17). Torre impuso durante su Gobierno a una calle el nombre de Juan N. Guerra, fundador del cartel del Golfo.
Tamaulipas estrenó la alternancia política en 2016 con el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Ocho años antes había sido detenido en Texas por el supuesto robo de armas. García fue uno de los senadores que apoyó la reforma energética de Enrique Peña Nieto, a cambio de contratos, según Froylán García, colaborador del entonces director de Pemex, Emilio Lozoya. En 2021, el entonces gobernador afrontó un proceso de desafuero por los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
En 2023, el líder del PRI, Alejandro Moreno, presentó a García Cabeza de Vaca como coordinador de la mesa de seguridad del Frente Amplio por México para apoyar la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez. Pero como la panista no deseaba tener «impresentables» en su equipo, García fue reemplazado por Rubén Moreira. El exgobernador aparece en el informe «Control… sobre todo el estado de Coahuila. Un análisis de testimonios en juicios contra integrantes de Los Zetas en San Antonio, Austin y del Río (2017)», elaborado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas.
