Quien retomó la práctica de anular elecciones municipales en Monterrey en 2018, fue el PRI.
Por causas que a muchos no nos quedaron muy claras, el PRI impugnó los resultados que había ganado el PAN con su candidato Felipe de Jesús Cantú, en aquel 2018.
Recuerdo a miles de votantes muy ofendidos, por lo que finalmente determinaron los Tribunales electorales: que aunque no ganó el proceso constitucional inicial, el PRI se quedó con la alcaldía.
La gente ofendida ni siquiera era mayoritariamente panista. Se trataba de ciudadanos que vivieron la impresión de que no se respetó su voto.
En 2018 el PAN intento persuadir a la opinión pública de que el triunfo original de su candidato era totalmente legítimo. Sin embargo, la autoridad electoral decidió otra cosa.
Ahora el escenario es opuesto al de 2018. El entonces agraviado PAN ahora se pone del lado del PRI y alega que no se vale impugnar la elección de Monterrey.
Mi opinión como analista político en aquel año fue que nos gustará o no quien tenía la última palabra era la autoridad electoral; entonces como ahora, los tribunales mandan.
Los panistas antes ofendidos contra el PRI y ahora muy enamorados del partido de Alito, alegan que en la elección reciente fueron más los votos de diferencia entre el primero y el segundo lugar que en el 2018. Sin embargo, el argumento no es válido.
En el caso hipotético de que se hubieran manchado los comicios, ¿hacen diferencia que un fraude sea más grande que el otro?
¿Si el supuesto fraude de hoy fuera más grande que el del 2018 habría que defenderlo?
No se vale defender por militancia partidista la impugnación de una elección. Se trata de que la ley se cumpla. Así de simple.
Si los tribunales electorales fallan anulando la elección, que se acate lo resuelto y se proceda a repetir el proceso. Eso es vivir en un clima democrático donde los procesos electorales se celebren con apego a derecho.
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