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Rebeliones frustradas

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Las alternancias de 2000 y 2018 provocaron la formación de dos bloques de gobernadores cuyo propósito consistía en presionar a Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador para obtener ventajas políticas y financieras: la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y la Alianza Federalista (AF). La primera, dominada por el PRI, resultó exitosa, pues el voto de sus diputados y senadores era necesario para aprobar el presupuesto y las reformas a la Constitución. Fox cedió. Los ejecutivos locales obtuvieron no solo más fondos y participaciones federales, sino también mayor poder. Esa nueva posición les permitió recuperar la presidencia en 2012 con uno de los suyos: Enrique Peña Nieto. En la sucesión previa, cuatro integrantes de la Conago se disputaron la candidatura: Arturo Montiel, Enrique Martínez, Manuel Núñez Soto y Tomás Yarrington. Montiel resultó elegido, pero el líder del PRI, Roberto Madrazo, lo eliminó de la carrera al filtrar información sobre su riqueza, y se hizo con la nominación.

La Conago mantuvo la misma estrategia de negociación y chantaje en el Gobierno de Felipe Calderón. Deslegitimado por la sospecha de una elección fraudulenta, que en teoría ganó Andrés Manuel López Obrador, el panista dependió aún más de los gobernadores del PRI y de sus fracciones en el Congreso. Calderón tenía en el punto de mira a varios gobernadores, entre ellos al coahuilense Humberto Moreira, pero no pudo procesarlos. El exlíder del PRI fue detenido años más tarde en Madrid, España, “bajo los cargos de blanqueo de dinero y malversación de fondos durante su etapa como gobernador del Estado Coahuila (2005-2011)” [El País, 15.01.16].

El 11 de noviembre de 2016, López Obrador, entonces presidente de Morena, publicó en su cuenta de Twitter (ahora X): “Estoy en Coahuila y no dejo de recordar, aunque parezca disco rayado, que Calderón, unos días antes de terminar su presidencia espuria ordenó a la procuradora Marisela Morales que exonerara por escrito, de cualquier delito, incluido el de robo, al exgobernador Humberto Moreira. ¿Qué creen que andan diciendo los panistas de por acá? Que si ellos ganan (la gubernatura) meterían a Moreira a la cárcel. Reverendos hipócritas”.

Calderón negó la versión, pero López Obrador contraatacó con una prueba irrefutable: la copia certificada del oficio donde la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales “autoriza en definitiva el no ejercicio de la acción penal” contra Humberto Moreira y coimputados. Los cargos eran: “enriquecimiento ilícito, cometido en agravio de la administración pública (el Estado); (…) y operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 bis, ambos preceptos legales del Código Penal Federal”.

Liberados del yugo del centralismo, los gobernadores aprovecharon la sucesión de presidentes frívolos, débiles y pusilánimes (Fox, Calderón y Peña Nieto) para adquirir el poder del cual no habían gozado desde la fundación del PRI. Sin embargo, en vez de impulsar un federalismo auténtico, crearon un sistema feudal y reprodujeron en los estados el modelo de presidencialismo autoritario, antidemocrático y venal. El “moreirazo” es el epónimo del endeudamiento desbocado para fabricar fortunas personales y financiar campañas políticas, entre ellas la presidencial de Peña Nieto. La mayor parte de la deuda de Coahuila, cifrada en 40 mil millones de pesos, se contrató a espalda del Congreso y con decretos apócrifos. El atraco sigue impune y se ignora a dónde fueron a parar 20 mil millones de pesos. Seguir la ruta del dinero bastaría para conocer su destino, pero las autoridades no dejan de mirar para otro lado.

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