Justicia y paz
El año que Richard Nixon ganó la presidencia de Estados Unidos (1968) las protestas estudiantiles en Europa y América marcaban el inicio... [Seguir leyendo]
La Corte en campaña
El presidente argentino Javier Miel no ha podido aplicar sus políticas de motosierera a rajatabla, pues su partido La Libertad Avanza y las fuerzas que lo apoyan son minoría en la Cámara de Diputados y en el Senado. En cambio, la Corte Suprema de Justicia, por ahora de su lado, avaló el decreto para suprimir regulaciones en sectores sensibles como los de salud, trabajo y transporte. Mientras tanto, en las calles crece el descontento por los recortes sociales del político ultraconservador. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene mayoría en el Congreso, pero la Corte ha bloqueado su plan de reformas. El conflicto se trasladó al terreno electoral como lo plantea el periodista Gerardo Moyano en el bisemanario “Espacio 4” (743):
“El enfrentamiento entre la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, y el exministro en retiro Arturo Zaldívar, se enmarca en lo que algunos expertos denominan lawfare (guerra jurídica), vocablo inglés que refiere “acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo”, según el diccionario de Oxford. Aunque el término se ha empleado desde 1975, el primer estudio significativo sobre el tema surgió en 2001 a través del Centro Carr de la Universidad de Harvard. El coronel estadounidense Charles J. Dunlap Jr., autor del ensayo, define la “guerra jurídica” como “el uso de la ley como arma de guerra”.
“En esta línea, se puede argumentar que la ministra Piña ha llevado a la Corte al campo de batalla electoral al solicitar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que investigue una denuncia anónima dirigida contra actuales y antiguos miembros del Poder Judicial con vínculos cercanos a Zaldívar. Este último lideró el máximo tribunal del país entre 2019 y 2022 y actualmente respalda la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum (Morena-PT-Verde). Según la acusación, estos individuos habrían ejercido presión sobre jueces y magistrados, supuestamente bajo la dirección de Zaldívar, con el propósito de “satisfacer intereses personales y de terceros”.
“Las respuestas del exministro, así como las del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y miembros de Morena, van en el mismo sentido, ya que no solo acusan a Piña de intentar intervenir en las elecciones presidenciales, sino que también han amenazado con contraatacar utilizando otro armamento jurídico: el juicio político. Sin embargo, tanto la instrucción de Piña al CJF como el posible juicio político son más bien movimientos de carácter mediático, ya que ninguno de los dos tiene viabilidad legal clara. En el primer caso, la filtración de la indagatoria a los medios de comunicación complica el expediente, al vulnerar el “debido proceso” que rige la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas de la SCJN. En el segundo, el bloque oficialista carece de la mayoría necesaria en el Senado para llevar a cabo el juicio político y destituir a Piña.
“Así las cosas, el desenlace de esta “telenovela” —como la llamó el propio Zaldívar— se conocerá en los comicios del domingo 2 de junio. En ese momento, se sabrá si Morena y sus aliados obtienen los votos suficientes en el Congreso de la Unión no solo para juzgar a Piña, sino para llevar adelante la profunda reforma judicial que promete Sheinbaum y diseña el propio Zaldívar.
Esta confrontación representa una guerra encarnizada en la que el Poder Judicial se alinea con los intereses de grupos de poder que respaldan la candidatura de Xóchitl Gálvez (PRI-PAN-PRD), mientras Morena y sus aliados cierran filas torno a una figura clave para que la 4T pueda reformar el sistema judicial del país”.