Datos, hechos y documentos, advierten que una pareja de funcionarios de la 4T, con el mismo domicilio y una añeja relación, podrían incendiar cualquier aspiración política hacia el 2024 de dos mujeres de toda la confianza del presidente Andrés Manuel: la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y la secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez.
Sus nombres son Néstor Vargas Solano, consejero jurídico del Gobierno de la CDMX y cercano colaborador de Sheinbaum desde 2015 e Iris Crystal Monroy Romero, quien ha trabajado cerca de Rosa Icela tanto en la Secretaría de Gobierno de la CDMX como en la Marina Mercante y en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La relación de ambos funcionarios maduró al grado de implementar un posible trama de conflictos de interés y simulaciones de compraventa de propiedades para, desde la posición que desde 2019 tiene Vargas Solano en la Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México, hacerse de casas y terrenos en Tlalpan por más de 17 millones de pesos.
Vargas Solano –quien hoy enfrenta una investigación por abuso sexual- y Monroy Romero se conocieron hace poco más de 10 años en el Instituto Electoral de la Ciudad de México cuando él era consejero electoral -y al final presidente del organismo-, y ella una discreta analista que se dedicaba a realizar el registro de candidatos independientes y de partidos.
Fuentes de primer nivel allegaron a este columnista documentos que evidencian este trama de posible corrupción.
En el primero de los casos se trata de un terreno localizado en la calle de Durazno Colorado, en San Andrés Totoltepec, Camino Real s/n, colonia Tlalpuente, una de las zonas más exclusivas en la alcaldía de Tlalpan.
Este predio de 1,168 metros fue rematado en 2014 y adjudicado a un particular; pero entre febrero y junio de 2022, desde la Dirección General del Registro Público de la Propiedad, adscrita a la Consejería Jurídica de la CDMX que está bajo el mando de Vargas Solano se hicieron los avisos preventivos para la compraventa del terreno a favor de Monroy Romero.
El 22 de junio pasado la Dirección General del Registro Público de la Propiedad dio el “aviso de otorgamiento de compraventa” de esta propiedad a favor de Monroy Romero y de Vargas Solano, que no hay el Registro Público de la Propiedad reporta a la oficina de la Consejería Jurídica.
A la semana siguiente, el 30 de junio, la Consejería Jurídica, a través de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, emitió la constancia de compraventa por más de 2 millones de pesos a favor de Monroy Romero y para Vargas Solano se definió el “el usufructo vitalicio del inmueble”.
De acuerdo con recientes avalúos obtenidos para este espacio, el valor del terreno es de 8 millones de pesos aproximadamente, pero la alta plusvalía de la zona permitiría que una residencia construida en ese predio pueda alcanzar fácilmente un valor comercial de 20 millones de pesos en los próximo dos años.
Con base en su declaración patrimonial –asentada en la plataforma https://servidorespublicos.gob.mx-, la funcionaria no declara inmuebles, ni cuentas bancarias, además de que en el año en que presuntamente compró el terreno su salario como analista era de 18 mil pesos mensuales, ingresos que no le permiten adquirir dicho terreno.
En el segundo caso, con un largo colmillo jurídico e información privilegiada desde la Consejería Jurídica, el consejero jurídico de la CDMX Vargas Solano se habría apropiado de un terreno que no se encontraba inscrito en el Registro Público de la Propiedad, instancia que depende de él, mediante el denominado juicio de inmatriculación judicial.
Se trata del predio localizado en Tepexitongo, Carretera Federal a Cuernavaca, kilómetros 23+950, en San Andrés Totoltepec, de aproximadamente 270 metros cuadrados, valuado en cerca de 3 millones de pesos.
Aquí el funcionario pudo incurrir en el delito de conflicto de intereses al contar con información privilegiada sobre ese terreno a través del Registro Público de la Propiedad y una vez estando en su poder, se dio a la tarea de demandar al mismo Registro mediante el juicio número 549/2021, radicado en el Juzgado Primero de lo Civil de la CDMX, el proceso concluyó en mayor de 2022. Ufff.
El último de los inmuebles es una casa que se encuentra en la manzana 70, lote 12, fracción 2, en la colonia Ampliación Miguel Hidalgo, alcaldía de Tlalpan, (Toribio Alcaraz No. 58) de 163 metros cuadrados, adquirida en julio de 2013, mismo que fue habitado por Iris Crystal Monroy Romero, previo a la compraventa del inmueble con un valor estimado en 6 millones de pesos.
En la declaración patrimonial de Néstor Vargas Solano, en 2022, no refiere bienes inmuebles, reporta un ingreso anual de 1.076 millones de pesos, así como cuentas bancarias menores al medio millón de pesos y un auto Toyota modelo 2013.
En el caso de Monroy Romero tampoco se reportan estas transacciones ni bienes inmuebles a su nombre, tampoco inversiones o cuentas bancarias ni comodatos pero si un auto Corolla 2014 y un par de deudas con tarjetas de crédito.
Este tema se trata de un funcionario público de muy alto nivel, con información privilegiada y conocimiento de herramientas jurídicas, que escudado en relaciones personales con funcionarios cercanos podría haber utilizado el entramado legal de la Ciudad de México en su favor.
Vargas Solano y Monroy Romero son funcionarios de la entera confianza de dos mujeres que aspiran en 2024 a dos de las posiciones más importantes del sistema político mexicano: la Presidencia de la República y la Jefatura de Gobierno de la capital del país… los documentos y hechos ahí están.
