El choque entre dos grandes grupos de interés por el control de la Cooperativa La Cruz Azul ha escalado en siete años al grado de provocar pérdidas millonarias a la empresa, un sinnúmero de litigios, directivos en la cárcel o en fuga, señalamientos de corrupción, violencia, muertos y el abandono de al menos 600 cooperativistas que han visto el declive de esta icónica cementera.
La disputa por el control de la cooperativa -que en 2020 tenía el 23% de participación en el mercado de cemento en el país, con ingresos superiores a los 21 mil millones de pesos anuales y activos valuados en más de 43 mil millones de pesos- ha involucrado a poderosos grupos de abogados, me dicen, relacionados con las altas esferas del poder político en México.
¿Quiénes son esos dos grupos que tienen en vilo a esta legendaria empresa?
Uno, el que encabezaban personajes como Guillermo y Alfredo Alvarez Cuevas, junto con Víctor Garcés y Ángel Junquera -hoy requeridos por la justicia mexicana-, el otro, liderado por Víctor Velázquez, José Antonio Marín y Rafael Anzures y que ya que tomó control de la cooperativa.
Cada grupo ha hecho lo imposible para mantener el control de La Cruz Azul -que además de la cementera con varías plantas en el centro del país, es dueña de un equipo del fútbol profesional mexicano y de un hotel cinco estrellas- por medio de poderosos abogados.
Los Alvarez Cuevas se asesoraron y fueron defendidos a ultranza por Miguel Bórreles, Angel Junquera, José Luis Nassar, Jesús Hernández Alcocer, Diego Ruiz y David Cohen, entre otros, a los que habrían pagado -de acuerdo con la actual administración de la cooperativa- 7 mil millones de pesos a costa de la cooperativa.
Me comentan que a su vez el grupo de Víctor Velázquez y José Antonio Marín se allegó de despachos de abogados relacionados con el actual senador Miguel Ángel Osorio Chong y el ex consejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer García.
Fuentes de primer nivel, consultados para este espacio, me dicen que cuando Guillermo Alvarez tomó el control de la empresa, había mil 200 socios y que 30 años después, sin grandes beneficios para sus trabajadores pero con un evidente enriquecimiento de sus directivos, hoy sólo quedan 600 cooperativistas.
Así pues, la lucha entre estos dos grupos prevalece desde 2016, lo que ha llevado a que fueran los tribunales quienes definieran el rumbo de la empresa y no los cooperativistas que han visto pasar frente a ellos operaciones dudosas, abogados y directivos enriquecidos de la noche a la mañana, el paro de plantas de Cruz Azul y un inexistente reparto de utilidades y el silencio de numerosas autoridades.
Cómo estarán las cosas que excolaboradores de los Alvarez Cuevas -de acuerdo con notas de prensa—, como Miguel Borrell Rodríguez, es director Jurídico de la empresa, y el abogado Ángel Martín Junquera Sepúlveda, solicitaron el criterio de oportunidad a la FGR para entregar a Guillermo y Alfredo a cambio de que ya no sean perseguidos.
Y el grupo a cargo en este momento, el que encabeza Víctor Velázquez y José Antonio Marín, ha recibido acusaciones de implementar la violencia y la extorsión para tomar control de las oficinas de la empresa. En esta historia aún hay mucho por contar.
RADAR
La decisión del diputado Santiago Creel de no permitir el acceso de soldados armados al Salón de Plenos de la Cámara de Diputados provocó una andanada de ataques contra el panista desde la 4T.
Me dicen que si bien la orden de Creel no gustó a algunos generales, en el más alto mando de la Secretaría de Defensa Nacional no hubo ninguna queja y más porque la decisión de que no entraran soldados armados al pleno legislativo se había acordado en dos reuniones previas con la Comisión de la Defensa Nacional y con el área de protocolo del Palacio Legislativo.
En tanto, me aseguran, la comunicación que ha tenido Creel con el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, se mantiene fluida. Sólo hay que mirar el tipo de relación que tienen: ambos hombres a caballo, han cabalgado juntos, a solas, para analizar temas de interés nacional.
SERVICIO
Nos cuentan que en el IMSS, que dirige Zoé Robledo, las finanzas están más que sanas y que, con diversas estrategias implementadas por la actual administración, han colocado sus reservas por arriba de los 375 mil millones de pesos -47% más que en 2013 cuando ingresaban al Instituto 11,156 millones de pesos y garantizaba viabilidad financiera por ocho años- por lo que tendrá viabilidad financiera para 13 años más.
Pero para que esto haya sido posible, Robledo cuenta con personal de toda su confianza en la Dirección de Finanzas, además, para cuidar el buen destino de los recursos financieros el IMSS acaba de firmar un convenio con el internacional CFA Institute, el cual les brindará apoyo, enseñanza y certificará a los trabajadores del Seguro Social en un manejo ético y profesional de los recursos públicos.
