En el 2007, luego de una intensa contienda electoral, con una jornada debatida en donde la diferencia entre el ganador y el segundo lugar fue de 0.5% de puntos y en la cual el fantasma de la ilegalidad quedó presente, surgió la reforma constitucional político-electoral que aún está vigente.
En la elección 2006, fue evidente que las intervenciones del presidente de México y el consejo coordinador empresarial (CEE) determinaron el triunfo de Felipe Calderón sobre Andrés López Obrador. Esto quedó probado en el resolutivo del entonces Trife quien en un texto con más de 300 páginas, dedica un par de párrafos a asegurar que tanto Fox como el CEE influyeron en el resultado, sin especificar cuánto ni tener sanciones al respecto.
Es evidente que habiendo medio punto porcentual de diferencia entre ambos contendientes, la influencia fue decisiva para afectar a López Obrador, la consecuencia fue reformar la Constitución y la legislación electoral.
Estamos a 15 años de aquellos debates donde se introdujeron prohibiciones extremas en la legislación, por ejemplo, lo escrito en el artículo 134 constitucional (que a la fecha es letra muerta) referente al impedimento de todo servidor público para promoverse o promover a partidos, personas o grupos políticos con intenciones electorales.
También se estableció la prohibición para contratar publicidad de cualquier tipo en medios electrónicos (radio y televisión) por parte de personas o instituciones con el fin de promover a favor o en contra a personas o partidos políticos. El golpe fue duro a las finanzas de los propietarios de medios quienes debieron ser creativos en sus estrategias de comercialización para tiempos políticos.
Según la ley, el INE (antes IFE) es la instancia que distribuye los tiempos aire para radio y televisión en todo momento con fines político-electoral, haya o no elecciones en puerta.
Esas prohibiciones y otras que hoy parecen incomodar al partido en el poder fueron una forma de acallar el clamor popular y satisfacer al derrotado López Obrador.
Lo que en 2007 fue un triunfo de López Obrador y su equipo, hoy parece una imposición nefasta para el presidente y su grupo que, dicho sea de paso, en su mayoría es el mismo equipo de 2007.
La ley tal cual se encuentra prohíbe a todo servidor público promoverse electoralmente, si bien el 134 constitucional nunca se reglamentó porque los diputados respondían a sus intereses y no al cumplimiento de la ley, está ahí para inhibir. En la Constitución se prohíbe la promoción y si bien no hay una ley secundaria que expresamente sancione esta violación, hay algunas de las mal llamadas interpretaciones del INE o el TEPJF que sancionan estas prácticas.
Luego de 15 años en lucha, de haber logrado en el 2007 una victoria en materia de equidad, imparcialidad, legalidad y legitimidad electoral, de alcanzar la presidencia y ser el partido hegemónico en el país con el apoyo de esa ley; los aspirantes presidenciales morenistas desprecian su texto jurídico.
Les parece aberrante que no puedan hacer campaña anticipada como sucede con la gobernadora de la CdMx, los secretarios de gabinete o el mismo senador.
Olvidan que al ser oposición defendieron la imparcialidad y equidad electoral que hoy aborrecen.
Pareciera que nunca le importó a la izquierda la democracia, que sus demandas fueron para acceder al poder y mantenerse en él por el poder mismo.
Diría mi abuela Juana: “Háganse la democracia y la legalidad en los bueyes de mi compadre”.
Lamentable que la izquierda sea, en materia electoral, tan corrupta como la derecha que tanto desprecian.
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