La luna de miel de Aguas de Saltillo ha durado 23 años, mas para el grueso de los consumidores ha sido un suplicio. La empresa privilegia el lucro sobre el servicio y a los sectores influyentes antes que a los menos favorecidos. El tema llegó a la mañanera del presidente López Obrador y formará parte de la agenda electoral de 2023, anticipa la diputada Lizbeth Ogazón en una entrevista con Gerardo Moyano («Espacio4, 694»).
«Los abusos de Aguas de Saltillo (Agsal) durante más de dos décadas podrían llegar a su fin si Morena acaba con la hegemonía priista en las elecciones del año próximo para renovar la gubernatura y el Congreso local. Y es que hasta hoy día las sentencias de tribunales internacionales por violaciones de los derechos humanos, los juicios por extracción ilegal de agua, las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila (CEDHC), los pleitos con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los cientos de documentos de la Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo (AUAS) que constatan la opacidad de la paramunicipal han podido romper el muro de protección tendido por los sucesivos gobiernos PRI.
»La privatización del servicio de agua potable de Saltillo —disfrazada de modelo “mixto” cuyo socio mayoritario es el municipio—, fue concretada en 2001, en el gobierno del acalde Óscar Pimentel, a través de un proceso turbio y desfavorable para el municipio. Desde entonces, la subsidiaria de la empresa española Aguas de Barcelona (Agbar) y luego de la francesa Suez, ha acumulado tantas irregularidades que se la exhibe en foros internacionales como ejemplo de las nefastas consecuencias de la privatización de servicios públicos en América Latina.
»El historial de opacidad de Agsal le ha valido tres sentencias del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) por violaciones de derechos humanos (2006, 2008 y 2010) y el pago de una indemnización de 46 millones de pesos por extracción ilegal de agua a los ejidatarios del poblado Tanque de Emergencia (2016), en un juicio que la empresa ocultó al municipio durante cuatro años.
»También afronta una queja presentada de AUAS ante la CEDH por los cortes de servicio —en particular, durante la pandemia–. Los abogados del municipio y de la empresa argumentan que Agsal ofrece descuentos a grupos vulnerables. “No respondieron al motivo de la queja: los cortes de agua que realiza la empresa a los usuarios morosos y el hecho de que muchos saltillenses de escasos recursos hayan tenido el agua cortada durante meses o años, (…) es una flagrante violación al derecho humano al agua”, dice a Espacio 4, Gloria Tobón, dirigente de AUAS.
»En febrero pasado, el caso de Agsal acaparó los reflectores nacionales cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado al respecto en el marco de sus declaraciones contra empresas españolas. “Es cuestión de ya no entregar esos contratos leoninos. Que era la regla en el periodo neoliberal (…) Hay que ver cómo está el contrato (con Agsal). También se puede renegociar, porque han cambiado las condiciones”, señaló el 15 de febrero.
»Sin embargo, la bancada de Morena en Congreso de Coahuila quiere ir más allá de la revisión de las condiciones del contrato. “Mi propuesta es retirar la concesión a la empresa Aguas de Saltillo y convertirla en una empresa municipal como en la mayor parte de México”, señala en entrevista la diputada morenista Lizbeth Ogazón Nava.
»Ante la sequía que afecta a Nuevo León, la diputada Ogazón presentó un punto de acuerdo el 24 de mayo para llamar a comparecer al director de Agsal, Jordi Bosch, para informar sobre las reservas de agua en Saltillo. La propuesta, apoyada por tres diputados de Morena, tres del PAN y uno del PRI, fue rechazada por la mayoría priista con 12 votos.
»Los diputados del PRI votaron en contra “para proteger (a) los inversionistas privados de Saltillo que anteponen sus intereses personales y financieros por encima de los derechos del pueblo”, acusa Ogazón. “Es una vergüenza que Saltillo sea un referente nacional de la prevalencia que se le da a las empresas extranjeras por encima del pueblo. Es la ciudad más grande en contar con un sistema privatizado que lucra con un derecho que la misma autoridad debería tutelar y salvaguardar a favor del pueblo”, advierte.
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