De continuar el comportamiento manifiesto de las autoridades en relación a la presente ola de desapariciones en el Estado, no van alcanzar los ex gobernadores vivos para meter a presidio en el afán de prolongar una luna de miel con el electorado, principal afectado no solo de la inseguridad pública, la pandemia del Covid 19 y la crisis del agua, sino de la ultrajante violencia latente que se ensaña en buena medida por la evidente falta de experiencia de los gobernantes electos el año pasado.
La paz social se vulnera como ocurrió durante el mandato de Rodrigo Medina y no parece haber una respuesta congruente a la realidad del 2022.
Lo que es más, luego de que el gobernador neoleonés, Samuel García advirtiera que en la nueva Constitución Política del Estado, se facultará a la autoridad para encarcelar hasta por 36 horas a quien insulte al mandatario, queda en el aire la pregunta: ¿Alcanzarán las celdas de seguridad pública para tanta gente? Porque, no son uno ni dos los inconformes que salieron a reclamarle al estado un ya basta a las desapariciones, crímenes, feminicidios y violaciones.
Y conste que los y las protestantes no salieron a mentar madres ni a pintar el dedo medio como su esposa lo ha hecho en fotografías difundidas en redes sociales, tampoco a gritar consignas.
A Samuel ya le quemaron una puerta del Palacio de Gobierno, por segunda ocasión, gritando un reclamo justo y de sororidad, ajeno a cualquier tipo de consigna política.
Las mujeres que le reclamaron su actuar frente al caso de María Fernanda Contreras, quien fue reportada como desaparecida y fuera encontrada sin vida, además de las otras mujeres que hasta ahora no han sido localizadas son en buena medida consecuencia directa de la incompetencia de Aldo Fasci, quien en ningún momento salió a decir qué había ocurrido precisamente y porque fueron los familiares quienes tuvieron que abocarse a la búsqueda de la joven.
Se suma el desinterés absoluto de la ahora ex secretaria la titular de la Secretaría de las Mujeres, Alicia Leal Puerta, quien en plena crisis optó por acudir puntualmente a sus vacaciones de Semana Mayor, sentando un precedente que avergüenza a una institución de membrete rebasada por mucho al no proporcionar ningún resultado tangible en el combate a este flagelo.
En el momento en que se redacta el presente artículo ya suman otras cuatro desapariciones, agravándose por el caso de una familia regiomontana que no ha sido localizada en el estado de Quintana Roo.
Samuel va a querer congraciarse con un estadio de futbol nuevo, dejando de lado el hecho de que existen evidencias tangibles dadas las estadísticas derivadas de los registros de reportes que vinculan el comportamiento violento con los resultados obtenidos por los equipos de futbol locales, en los que los casos de maltrato, abuso y golpes se incrementan cuando el rendimiento de Tigres o Rayados, no es del agrado de los “aficionados”, quienes pasan de ser votantes a machos frustrados vueltos peor que neandertales.
Las medidas a tomar por el gobierno de Samuel García limitadas a la formación de grupos especiales hechos al vapor, inmersos en el calor de los reclamos y sin una política de fondo encaminada a la solución de la violencia como fuente de problemas en el estado siempre serán insuficientes.
No se puede confiar en un Gobierno que amenaza a encarcelar a quien le miente la madre después de haber desaparecido un familiar.
Es la voz de la sociedad civil organizada la que puede ponerle fin a este flagelo, el llamado #hayqueromperlapuerta, no es un desafío a la autoridad ni puede considerarse apología del delito, toda vez que existe una flagrancia de por medio y es la vida de un ser humano, hombre o mujer la que esté en riesgo.
