El que nace desgraciao…

El caso de la balacera ocurrida hace un año en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México es uno de los muchos casos de sangre en que las autoridades mexicanas de todo nivel demuestran su proverbial vocación para que se les haga bolas el engrudo.

La madrugada del 30 de junio de 2014, siete soldados y un oficial del ejército mexicano, en patrulla por la zona encontró a las cuatro veinte de la mañana una bodega en obra negra, sin puertas, que era vigilada por un hombre armado. Más o menos así suena la única certeza que se tiene de cómo comenzó todo. La otra certeza real es que a las cinco de la mañana había 22 hombres muertos, todos civiles, un soldado herido –que sobrevivió- y tres mujeres que en las diferentes versiones han pasado por ser víctimas de secuestro, putas contratadas por los muertos, y testigos de una ejecución extrajudicial.

Nadie sabe nada con certeza. La versión oficial del gobierno del Estado de México es que los civiles dispararon en contra de los soldados y ellos al repeler la agresión dieron muerte a los agresores. Las otras versiones difieren en el número de los muertos en fuego cruzado y los que luego de rendirse y dejar las armas fueron formados contra la pared y prácticamente fusilados. En ese cruce de versiones encontradas ha pasado más de un año.

El lunes pasado, el Juez décimo Cuarto de Procesos Penales Federales con sede en el Distrito Federal dictaminó la libertad de cuatro de los siete soldados acusados de ejercicio indebido del servicio público y encubrimiento. Además, porque a estos cuatro acusados no se les respetaron sus derechos fundamentales. En otras palabras, no hubo debido proceso, para acudir a los términos puestos en boga por el caso de la francesa secuestradora Florence Cassez. La PGR anunció que apelará la sentencia absolutoria.

El mismo juez de distrito dictaminó la formal prisión para los otros tres soldados detenidos, ellos acusados de homicidio calificado y alteración ilícita del lugar y vestigios.

Sea. Es cuestión de letrados, dirían las películas mexicanas de los cincuenta. Los soldados absueltos no regresaron a sus cuarteles ni a su vida normal, sin embargo, porque todavía tienen que ser sometidos a otro juicio, el de las autoridades castrenses.

Es obvio que, como en muchos otros casos de escándalo, nunca sabremos lo que realmente pasó. Lo que no puedo yo, con mi escaso conocimiento de leyes y procedimientos, cómo se puede tomar dos resoluciones diferentes sobre personas que participaron en los mismos hechos cuando los principales –y casi únicos- elementos de juicio son las declaraciones, frecuentemente contradictorias de las únicas personas que son testigos de los hechos, las tres mujeres. Independientemente de su condición de meretrices, las contradicciones en la narrativa de los hechos, consigo mismas y entre sí, convierte su testimonio por lo menos en dudoso.

El caso vuelve a poner en las mesas de discusión la necesidad de una definición sobre el tratamiento judicial de los miembros de las fuerzas armadas involucrados en hechos de sangre.

El asunto es serio porque desde que Felipe Calderón sacó de plano a los soldados de sus cuarteles para que hicieran las funciones de policía judicial, puso a los soldados en el limbo jurídico sobre qué tribunales debieran juzgar sus presuntas violaciones a la ley. Ya no se trataba del caso de un soldado franco que, borracho, mataba en una riña a un civil u otro soldado. P´al bote, ante el juez y ya. En estricto sentido, desde hace más de diez años los soldados que matan en combate están cumpliendo la ley, al haber sido improvisados como policías.

El soldado mexicano, a diferencia del gringo, difícilmente ha escogido por vocación castrense su carrera. En el medio rural de nuestro país, y en el urbano también, los jóvenes tienen escasas oportunidades de educación y trabajo. El uniforme es, con frecuencia, la única opción que estos muchachos que nacieron desgraciaos como canta el soldado de levita par aspirar a una vida digna, y eventualmente para una carrera y una vida mejor.

El Estado mexicano tiene una deuda con los hombres de verde. Les tiene que poner su estado legal en orden.
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Obed Campos