Por: Salvador Hernández LANDEROS
Arturo Moyeda, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Nuevo León, “chamaqueó” al periódico El Norte con la amenaza de que más de siete mil trabajadores de la construcción perderían su empleo.
La causa, expuso, sería el rezago en las licitaciones de obra pública de los gobiernos, federal, estatal y municipal, aunada la delicada situación que enfrentan otros constructores por la falta de concursos. Una situación que, en sí, no afecta a los desarrolladores habitacionales.
Moyeda, en la amenaza que lanzó a través del periódico, no dijo todo lo que debía decir. Por ejemplo, que hay gobiernos municipales comprometidos con los constructores por apoyos recibidos y que ya urge la reciprocidad vía las asignaciones disfrazadas de licitaciones.
Tampoco dijo que entre los constructores es sabido que tiene varias administraciones municipales panistas en las que él es quien comparte y reparte las obras públicas en combinación con los Secretarios de Obras Públicas y otros jefes de área en esas dependencias.
Que también sus redes son muy amplias. Ya trascendió que el arquitecto Armando Leal fue cesado en San Pedro por maniobrar una licitación a su favor y así obligar a un constructor de nombre Luis Villarreal Guajardo, a pagarle casi dos millones de pesos para dejarle el concurso de una obra.
De igual forma debió hablar de su estrecha relación con el Secretario de Obras Públicas de Monterrey, arquitecto Alberto Medrano, con quien manejó toda la obra pública del ex alcalde Adalberto Madero.
Moyeda no sólo “chamaqueó” al medio de comunicación, también se llevó de encuentro al ingeniero Malaquías Aguirre, Presidente de la Asociación de Distribuidores de Materiales para Construcción, empresario honesto y de servicio a la comunidad a través de diversas organizaciones civiles.
Igual involucró a Raúl Treviño, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Viviendas en N.L. quien se desmarcó de “la crisis” de Moyeda, declarando: “No estamos en jauja, pero la CANADEVI podría absorber unos mil 800 trabajadores que despida la CMIC”.
Una investigación a fondo al través de los órganos correspondientes, demostraría lo que sucede en las Secretarías de Obras Públicas en varias administraciones municipales, cuyas redes de corrupción superan cualquier ficción.
