El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la nueva Ley de Amparo con la que se prevé garantizar el acceso de toda la población a este derecho.
Con 360 votos a favor, 60 en contra y tres abstenciones, la minuta y las modificaciones hechas por los diputados, fueron aprobadas por lo que la propuesta será devuelta al Senado de la República.
Los legisladores presentaron más de 30 reservas pero sólo se aceptó la propuesta del coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Alberto Villarreal para adicionar una fracción primera al artículo 129, con la intención, dijo, de evitar la impunidad en centros de juegos y sorteos.
Fue la fracción XIII del mismo artículo la que provocó más reservas por parte del PAN, PT, Movimiento Ciudadano y PRD, sin embargo su discusión fue descartada tras una votación cerrada en la que se tuvo que utilizar el tablero electrónico para mayor claridad. La fracción fue aprobada en sus términos.
La discusión se centró en torno a la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo que refiere el artículo 27 Constitucional como son tratamiento de aguas, recolección y disposición de la basura, transporte público, minas, gas energía, telecomunicaciones, radio y televisión, entre otros.
La nueva ley establece que tras la solicitud de un amparo, el “acto de autoridad” se mantiene hasta la resolución del caso, a diferencia de lo que establece la actual legislación donde el particular puede seguir explotando el bien de dominio directo.
Los diputados federales reconocieron que con esta nueva ley se moderniza el marco jurídico mexicano en la materia, se amplían los derechos fundamentales, además de que se fortalece al Poder Judicial a través del diálogo constante y la apertura entre las diversas fuerzas políticas.
Coincidieron que la normativa beneficiará a los ciudadanos que no pueden pagar un abogado, permitirá la tramitación electrónica del juicio, la digitalización de todos los expedientes para garantizar mayor transparencia y prontitud en el acceso a la justicia.
Fortalece las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la atención prioritaria de los asuntos que le competen, así como en el otorgamiento de atribuciones expeditas para la integración de jurisprudencia y la resolución de contradicción de criterios.
Además otorga a los ciudadanos el doble de tiempo para presentar sus juicios y defenderse con mayor oportunidad.
Fuente: El Economista
