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Gastos de campaña

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Este asunto de los gastos de campaña en las pasadas elecciones no es un tema fácil. Ayer, el Instituto Federal Electoral pospuso una discusión relevante. Se trata del dictamen de su unidad fiscalizadora sobre los recursos de campaña del Movimiento Progresista, que según se determinó, rebasaron los topes de campaña en la candidatura de Andrés Manuel López Obrador.

Desde fuera, ya sea a nivel de calle o incluso desde los medios de comunicación, es muy difícil conocer todos los detalles del desglose de gastos aportado por los partidos. Si acaso son los propios partidos los que pueden estar más enterados de cifras y criterios de análisis. Claro que en este caso, tampoco estarían a salvo de parcializar la información y los datos a su favor.

No es de extrañarse que en una revisión se detecten irregularidades en el monto y uso de recursos de campaña. En realidad, es de lo más normal que, a pesar de los candados impuestos por las leyes electorales, se ejerzan recursos por encima de los límites y mecanismos legítimos. La política mexicana, la política como la entienden los partidos, está fundada en el disimulo y en la sistemática evasión de cualquier límite legal y moral. El mismísimo gasto en campañas es ofensivo, porque es evidentemente una distracción de recursos para algo, que al final, sólo beneficia a los partidos.

El argumento de que es un gasto ejercido para garantizar la democracia, no es más que retórica y demagogia. México padece una democracia disfuncional. El voto libre no lo es cuando la gama de opciones está limitada a un puñado de partidos, y se excluye al propio ciudadano de su derecho a ser votado. Se trata de voto útil, pero sólo para los partidos que, a la postre, hasta perdiendo las elecciones ganan.

Pero en este particular caso del gasto en las elecciones del 2012, hay detalles que, por desgracia, desgastan cada vez más la credibilidad del sistema electoral mexicano. Y hay que recordar que en algún momento se consideró que las instituciones electorales mexicanas fueron consideradas entre las más avanzadas del mundo. Incluso se ha exportado el concepto a otros países.

Es posible que al final se hagan acuerdos que satisfagan a los partidos representados en el IFE. Hasta ahora, es básicamente el PRD el más molesto por el dictamen. A grandes rasgos se determinó que los únicos que rebasaron los gastos de campaña, fueron los del Movimiento Progresista. Esto se discutiría dentro de unos días, aunque no hay ninguna diferencia entre que discuta hoy o dentro de un mes.

Para empezar, que rebasen o no los gastos de campaña no implica una penalización significativa. Es curioso, pero en nuestro casi perfecto sistema electoral, ganar con trampas es perfectamente válido. El ganador se queda con su triunfo, y sólo pierde dinero. Es como pasa con las multas por consumo de bebidas fuera de horario en antros y estadios: con gusto se pagan puesto que la ganancia ilegítima es mucho mayor.

Además, desde el nivel de calle, la percepción de los ciudadanos no tiene más elementos para opinar que los que son evidentes, y que parecen ser ignorados por el IFE. El despliegue mediático de las campañas, los eventos masivos, la papelería de mano, los espectaculares, los desplazamientos de candidatos… eso es lo visible, y por supuesto lo útil para los partidos. Los ciudadanos no saben cuánto gastó cada partido, pero saben, porque lo ven, quiénes invirtieron más recursos. Con o sin dictamen del IFE, la opinión pública tiene su propia conciencia fiscalizadora. Si no coinciden ambos dictámenes, surgen de inmediato las dudas. Ni un dictamen final, ni lo que concluyan los propios partidos al respecto, cambiarán demasiado la percepción pública.

Pero ante todo, el escándalo generado por este tema, sólo reafirma la convicción de los ciudadanos; que todo gasto en campañas, de cualquier partido político, fue, es y será un exceso.

ENFOQUE MONTERREY en Radio Beat, 90.1 FM
Lunes a Viernes a las 13 horas

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