En Sonora, en la ciudad de Hermosillo, un grupo de regidores exhibe la deuda municipal que, según ellos, asciende a la sorprendente suma de mil 270 millones de pesos. El desglose hace algunas precisiones, pero no vienen al caso para el estatus que aquella ciudad alcanzó como el cuarto municipio más endeudado de México.
Antes de que pongamos cara de indignación ajena, déjenos decirle cuáles son los tres punteros en esta infame lista. En primer lugar está Guadalajara que debe dos mil 580 millones de pesos; en segundo Tijuana, con dos mil 554 millones, y Monterrey se queda con la medalla de bronce ocupando el tercer lugar con una deuda de dos mil 224 millones de pesos.
Claro que las cifras de las deudas oficiales son casi organismos vivos: nacen, crecen, se reproducen, y mueres, aunque siempre reencarnan en otra deuda, cada vez más longeva y cada vez más grande. Y no se trata de Hermosillo, Monterrey, o de donde usted guste. Parece que este problema de los endeudamientos está generalizado a lo largo y ancho de la República Mexicana.
No es de extrañarse que el tema de las deudas sea un punto de referencia local y nacional, y lo mismo se comenta y declara en ámbitos oficiales que en organizaciones civiles. A nivel federal ya se habló de un posible rescate de estados y municipios endeudados. Esto se ha mencionado entre legisladores, pero no es tan sencillo como parece.
El primer problema con el que se toparían es de índole moral. Porque una cosa es rescatar a los ciudadanos de esas deudas, y otra es rescatar a los funcionarios. Esta noción confusa de que gobierno es una cosa y pueblo es otra, funciona para la operación de la administración pública, pero los gobiernos se han tomado muy en serio esta distinción. Así, el gobierno a firmado su divorcio del pueblo. En los hechos la deuda es una muestra de la forma cómo los gobiernos, municipales y estatales, funcionan por encima de los intereses de los ciudadanos.
Según analistas, este sobreendeudamiento fue causado por administraciones deficientes, sin reglas claras o que de plano han evadido las reglas con trampas y complicidades políticas. Si se rescata a los estados y municipios deudores, se estaría rescatando a las malas administraciones, y a los malos administradores.
Una opción que ya se contempla es limitar las deudas, pero esto funcionaría en el futuro, y la deuda ya es un hecho que incluso nos impactará durante muchos años más. El problema es real y actual. Cualquier rescate de estas deudas será inmoral e insuficiente si no se plantea un rescate verdaderamente integral. Esto significa mantener fluidez a fondos destinados a la operación básica de Estados y Municipios respecto a obras y servicios públicos. También es necesario eliminar la impunidad. En muchos, por no decir todos los casos, el dinero captado por deuda, o ha cubierto lo que la corrupción se ha robado del erario, o va a parar a manos de corruptos. Esto es inadmisible, y antes de cualquier solución es urgente encontrar, exhibir y castigar a quienes dejaron en ruinas las arcas públicas.
Sin esto, cualquier rescate dejará más dudas, y seguramente muchas más deudas.