Ayer, la directora de la Agencia Estatal del Transporte, María de Jesús Aguirre se reunió con empresarios del transporte urbano. A decir verdad, la funcionaria se ha movido mucho desde que tomó posesión del cargo. Y no es para menos, porque es una labor titánica enfrentar a este poderoso gremio empresarial. Por décadas, prácticamente los mismos empresarios han ejercido un control absoluto del transporte de usuarios, sobre todo en el área metropolitana de Monterrey.
Por décadas que envidiaría hasta Don Porfirio, el transporte urbano ha estado en las mismas manos, y ha padecido los mismos problemas. Invariablemente, y esto sucede cada año, hay aumentos de tarifas, directos o encubiertos. Invariablemente, también cada año, se prometen mejoras sustanciales en el equipo y en el servicio. Invariablemente los empresarios se quejan de que el negocio va mal, que los insumos están muy caros, y que los aumentos que siempre se les autorizan, apenas les dejan margen de ganancia.
El hecho es que los empresarios transportistas no dejan el negocio, y que las mejoras que prometen apenas son un ligero maquillaje, pero no una cirugía mayor.
La diferencia, que hoy se enfrenta en el sistema del transporte un problema adicional. Esto es lo que hace un poco más difícil negociar para la titular de la Agencia Estatal del Transporte. Además de lo tradicional, ahora, y para variar, se debe incluir el rubro de la seguridad sobre las unidades en tránsito.
Ya a estas alturas, los acuerdos cómplices entre las obedientes autoridades del transporte y los poderosos empresarios, han recetado “por lo bajito” un aumento deslizante. Hay que ver si está aplicándose y cómo, porque no lo han dejado muy claro todavía. Pero ahora que el problema es la seguridad, hay que ver en quién reside la responsabilidad inmediata.
Hace años, se supone que aplica en el transporte urbano un seguro de viajero. Es decir, en caso de accidente, la empresa está obligada a correr con los gastos por los heridos o muertos. No siempre se hacen responsables, al menos no en toda la dimensión del daño causado a los usuarios. Y no hablemos de los choferes, porque la situación laboral en muchas empresas transportistas no es del todo clara.
Pero así como funcionan los seguros domésticos, una opción viable podría ser ampliar la cobertura de ese presunto seguro en el transporte, que cubra también los casos de asaltos, robos, y lesiones derivadas de actos de violencia sobre las unidades. Esta sería una acción responsable de parte de los empresarios.
Pero como los empresarios suelen anteponer sus intereses, su solución está endosándose a las autoridades. Instalar un botón de pánico implica que los empresarios apelan a la responsabilidad de las autoridades para su seguridad, la de su operación y la de sus equipos. La inversión sería mínima. Pero la respuesta a los famosos botones de pánicos eximiría a los empresarios de su prioridad: la responsabilidad por sus usuarios, es decir, sus clientes.
Es verdad que las autoridades tienen esa misma responsabilidad, en todos los ámbitos sociales. Pero cualquier prestador de servicios adquiere también una responsabilidad. Y parece que el botón de pánico no serviría más que para poner en acción a otra instancia.
Suponiendo que las autoridades respondieran rápidamente, eso no implica que el asalto en cuestión no hubiera dejado ya su saldo, desde el simple robo hasta la posibilidad de lesiones. La eventual y bastante rara captura del delincuente, no compensaría al usuario afectado. Si acaso, y todavía más raro, recuperaría alguno de sus bienes. Pero hay que decir que el botón de pánico es una buena idea, pero al instalarlo deberían también poner un letrero en las puertas de cada unidad donde dijera: la empresa no se hace responsable de los robos, lesiones, muerte u otros delitos que sufra usted a bordo de esta unidad.
