Carlos Ravelo Galindo, afirma:
El ya famoso decreto de ley de contabilidad gubernamental, promulgada recientemente, no tiene nada que ver con la ley de Herodes que todos conocemos y que deseáramos se aplicara para todo funcionario deshonesto, sea del gobierno federal, estatal o municipal. Así lo pretende, ilusamente, el señor Felipe Calderón, a punto de cruzar el “puente de plata”, para entregar la estafeta al representante del Tricolor. Pretende, a las diez para las doce, cuando su avión está a punto de convertirse en calabaza y sus pilotos en ratones, despejar, como no lo hizo en su mandato, la opacidad en las finanzas públicas. Transparentarlas a efecto de que el pueblo tenga conocimiento en qué se gastan sus impuestos de los que disponen del presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión. A la fecha, ni la misma secretaría de hacienda, diga lo que diga, sabe cómo se invierte el dinero que transfiere a los gobernadores, a los presidentes municipales. Y mucho menos al poder Ejecutivo. A las Secretarías en donde sus titulares, cada uno, según la voz popular, hace lo que quiere, o lo que puede, sin rendir cuentas a quienes lo pusieron en el poder con su voto. Como tampoco hay alguien que los obligue a hacerlo. La “nueva” ley pretende terminar con la corrupción de tantas y tantas autoridades, por más ínfimas que sean, que desde sus encomiendan se ríen de ella. Tal parece más que un triunfo legislativo, sí una acechanza para el que viene detrás y que cargue con las consecuencias…si se atreve.
Desde Los Pinos en donde aún despacha, pero ya no vive, el señor Calderón Hinojosa afirmó que “no se puede permitir a malos funcionarios que incurran en actos de corrupción y manchen toda la percepción que de la política de gobierno pueda tener el ciudadano”. Olvida que precisamente su gobierno mantuvo cerrados los ojos, la boca y los oídos a las denuncias y que (para taparle el ojo al macho) solamente empleados inferiores fueron disque sancionados. Pero quienes señalados por el ciudadano común y corriente y con pruebas en la mano de actos multimillonarios de podredumbre, “gozan de cabal salud y se creen inmaculados”. No se puede pasar por alto, suponemos, la intención de comprar un automóvil blindado de casi dos millones de pesos para el titular de la secretaría a cargo del señor Ferrari, cuando está a punto de dejar el cargo. O los desfalcos en la Comisión Federal de Electricidad. En Petróleos Mexicanos. En la Comisión Nacional del Agua. En el Instituto Mexicano del Seguro Social o en el Instituto de Servicios Sociales al servicio del Estado que les escatiman su dinero a pensionados. Como en tantos y tantos Estados de la Federación. O en los casi mil quinientos municipios del país, incluidos Acapulco, Guerrero, ya en quiebra, o Naucalpan, la “joya de la Corona”, que ya no tienen ni para pagar salarios y menos aguinaldos.
No hay desperdicio en las últimas palabras del aún Jefe del Ejecutivo: “De lo que se trata es de poner fin a cotos de impunidad de tantos funcionarios que tanto indignan a la sociedad. De que todo gobernante, federal, estatal o municipal, esté obligado a rendir cuentas de cómo se gasta cada peso y cada centavo de los mexicanos”. Deja, por supuesto, la escoba y el recogedor, a quien en diciembre se hará cargo de la limpieza de la casa. El, claro, ya cerró la puerta de los Pinos.
