Las tarifas del transporte urbano siguen siendo motivo de polémica, y objetivo de propuestas. No queremos parecer repetitivos, pero los hechos conforman que es un tema pendiente. Tan pendiente que se arrastra el tema desde hace décadas. Es evidente que nunca se quiso solucionar, más bien mantener como asignatura vigente para negociar y lucrar, política y económicamente. En cualquier caso, nunca negociar a favor de los usuarios, sino de los empresarios. Algo inconcebible en una democracia, porque se privilegia el interés de un pequeño grupo sobre la necesidad de una inmensa mayoría.
Ayer en el Congreso, se volvió sobre el tema. Por un lado, unos estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, presentaron un punto de acuerdo para solicitar que el el Poder Legislativo recuerde que tiene un compromiso con la ciudadanía, y que ese compromiso se hace vital cuando se refiere a la seguridad. Proponen que se refuercen las medidas de seguridad en en las unidades de transporte público. Hablan de botones de pánico y cámaras de vigilancia. Es evidente que hacen falta, porque con todo y que el gobierno estatal presuma de que baja la inseguridad, en la calle no se percibe lo mismo. Y si son estudiantes los que proponen esto, seguramente lo hacen porque han sufrido en carne propia los embates de la delincuencia, organizada o desorganizada, pero muy eficiente a la hora de encontrar puntos débiles en el pretendido blindaje que aplica el estado. Además, los estudiantes son especialmente vulnerables ante cualquier tipo de delincuente. Sus desplazamientos y sus horarios los ponen en bandeja para ser víctimas de cualquier delincuente.
Pero eso no fue todo lo que ayer pasó en el Congreso sobre el transporte. De la bancada panista se hizo una propuesta específicamente sobre las tarifas y la Tarjeta Feria. Entre otras cosas se quiere homolagar la tarifa preferencial a 7 pesos, pero eliminando además esa tarifa discriminatoria para quienes no tienen la tarjeta de prepago. En la exposición de motivos, se dicen cosas muy interesantes. El depender de la tarjeta Feria puede ser problemático para una familia, puesto que sólo puede usarse una vez por abordaje. Una familia debe tener una para cada miembro de la familia. Además de una algunas de reserva para eventualidades que suelen suceder.
Esto está asegurando un flujo de dinero fijo a la empresa que maneja las tarjetas, dinero por el pago de un servicio que todavía no ha sido proporcionado. Obviamente, el flujo de dinero también es continuo para las empresas transportistas… Pero ese ya es asunto de los empresarios y sus arreglos con el gobierno estatal.
Es evidente que en este trasvase de recursos siempre hay ganancia para los intermediarios y los prestadores de servicios, estos que siempre se quejan de trabajar en la inopia. Pero la realidad es que las cifras millonarias se las están sacando literalmente del bolsillo a los usuarios, como ganado de engorda. En una economía fuerte, podría incluso pasarse por alto este detalle, pero en nuestras condiciones, el “ganado” no engorda… por el contrario, las carteras ciudadanas están bastante flacas cada vez. Meter mano al dinero del ciudadano para enriquecer a empresarios, que nunca mejoran sus servicios, se acerca muy peligrosamente a ser poco menos que un tipo de delincuencia organizada, tal mala, tal salvaje, como la de cualquier sicario.
La propuesta panista puede que no prospere, porque así se las gastan en nuestro circo legislativo. Pero la propuesta de los estudiantes podría prosperar. Hasta los empresarios verían con buenos ojos reforzar la seguridad. Pero no porque sea justa y urgente. Sería un excelente factor para incluirlo en las negociaciones como un pretexto para requerir, como cada año, otro injusto aumento de tarifas.
