La derogación del artículo 59 de la Ley de Administración Financiera suena a buena noticia para el estado de Nuevo León. Los legisladores iniciaron con las tijeras muy afiladas, a pesar de haberse tomado un mes de vacaciones pagadas al principio de su gestión. Y aunque iniciaron tarde, todo indica que nos excedimos al señalar ese mes de parálisis, porque ahora demuestran que sólo estaban calentando motores.
La enjundia que mostraron al quitar ese privilegio de secrecía institucional, es para destacarse. Sólo esperamos que no decrezca el impulso cuando se pongan a definir el presupuesto estatal del 2013. Aunque en las condiciones en que están las finanzas, no hay mucho qué repartir.
Por lo pronto les espera un serie de pruebas a las que hay que estar muy atentos. La glosa del informe de Rodrigo Medina llevará a funcionarios de primer nivel a explicar sus números y sus logros ante los diputados. Será una prueba de fuego, porque será difícil para los diputados de cada fracción legislativa no parcializar sus intervenciones, ya sea a favor o en contra del funcionario en turno, que finalmente es parte de una administración, y que finalmente representa a un partido en el poder.
De acuerdo a lo que suceda en las comparecencias, se podrá calibrar hasta qué punto se ha escuchado y aceptado la propuesta reiterada del Gobernador, sobre todo últimamente, de trabajar juntos, sin que medien diferencias políticas.
Pero volviendo a nuestros diputados y a la transparencia, alguno se ha manifestado ya por la posibilidad de desaparecer la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información. La razón es simple: no ha cumplido con las expectativas para las que fue creada. No se puede decir que no lo han intentado, pero es verdad que últimamente la comisión parece más un feudo que una institución pública.
Tienen razón los diputados en pensar que la Comisión no sirve, por lo menos que así, con enfrentamientos entre los propios comisionados deja muchas dudas sobre a quién está sirviendo. Si tan frenética es la competencia interna por controlar la comisión, sólo puede significar que están sirviendo a intereses muy particulares y que algunos comisionados estorban.
Pero hay que tener cuidado con la posibilidad de disolver esta comisión. El que algunos de sus miembros no estén actuando con la debida propiedad no significa que la institución no sirva; significa que los comisionados no sirven. Eso es muy distinto. Y si se le metió tijera a la ley para obligar a los funcionarios a rendir cuentas, se esperaría que con eso fuera suficiente. Pero todos sabemos cómo funcionan las leyes, sobre todo para quienes ejercen el poder. Si nos atenemos sólo a la ley, quién sabe qué harían finalmente con ella.