La economía de Nuevo León ha sido tal vez el segundo tema de mayor debate entre los líderes de opinión, y por supuesto, entre los partidos políticos. Ya lidiamos con la monumental puesta en escena de la solicitud de deuda, aprobada apresuradamente por la anterior legislatura. Nos enteramos de las diferentes posturas de la oposición, minoría en aquel entonces… aunque no tan diferentes, ya que en general estaban en contra. También fue evidente que se apresuró la aprobación no tanto por la urgencia de los recursos, sino por la posibilidad de que la actual legislatura retrasara o bloqueara la solicitud.
En realidad no se necesitó magia para adivinar lo que hoy es un hecho: que la nueva mayoría, y las minorías, entrarían de inmediato en la típica arrebatinga por ganar posiciones para sus respectivos partidos. Deberíamos decir que son posiciones ganadas para los ciudadanos, pero es algo que prácticamente nunca ha sucedido, y parece poco probable que suceda ahora. Aunque, claro, siempre queda la esperanza.
Ahora, sin la intervención de la nueva legislatura, y con una deuda incrementada sustancialmente, resulta que la calificadora financiera Fitch Ratings bajo su calificación crediticia de Nuevo León a indicadores negativos. Hasta ayer, la calificación era estable. Ahora se ubica al estado con una calificación negativa, que incluso podría bajar todavía más.
Es cierto que el incremento a la deuda pública afecta a la calificación financiera. Pero este no es el único factor que se toma en cuenta. La calificadora revisa además la política administrativa y su operación. Es obvio que lo que han visto no les satisface del todo.
Todavía más, Fitch también debe vigilar de qué manera se manejan las finanzas públicas, la transparencia y la capacidad de captar ingresos. A la vista, el Estado ha reducido su margen de inversión en programas públicos. Queda restringido a las aportaciones federales, y claro, a la contratación de más deuda.
Ante esto, el gobernador presumió ayer también la captación de inversiones millonarias y la confianza de los inversionistas. De escuchar sólo esta posición, deberíamos suponer que no pasa nada, que la crisis económica del estado está en la imaginación insidiosa de los partidos opositores. Pero la nueva calificación crediticia, y la posibilidad de que baje todavía más, nos pone de golpe los pies en la tierra. A la visión oficialista de que todo marcha bien lubricado, se opone ya no la oposición política, sino el estado mismo de la administración pública.
