El pleno del Senado de la República aprobó por mayoría -104 a favor, tres en contra y tres abstenciones- la Iniciativa Preferente del presidente Calderón que reforma la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
En menos de dos horas, tras el aval que dieron las comisiones Unidas de Hacienda y Estudios Legislativos Primera, encabezados por el PRI y el PAN, el presidente de la Cámara Alta, Ernesto Cordero, envió el dictamen correspondiente a consideración de la colegisladora, es decir, la Cámara de Diputados.
En general, cabe anotar, los senadores apuntalaron los temas sustantivos enarbolados por el Ejecutivo, los cuales obligan a los entes públicos, incluidos los gobiernos de estados y municipios, a transparentar la información financiera cada tres meses, tanto en los medios oficiales como por vía electrónica, internet.
Los mismos legisladores desecharon, por mayoría absoluta, la moción suspensiva que interpusiera a nombre del PRD, la senadora Dolores Padierna, quien argumentaba que esta propuesta debiera posponerse, tomando en cuenta que no hay una legislación regulatoria que pueda dar cauce a la reforma preferente a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Dentro de los puntos clave que tiene este dictamen esta la obligación de los entes públicos, gobiernos federal, estatal y municipales, a transparentar los padrones de beneficiarios de los programas sociales, de las obras de infraestructura así como el manejo de los fondos de aportaciones federales canalizados a las arcas locales en materia de salud, educación, seguridad pública y fortalecimiento de la infraestructura de los ayuntamientos.
Un dato no menor es el hecho que se incorpora a la Auditoría Superior de la Federación -en calidad invitado con voz, pero sin voto- a participar en el nuevo Consejo de Armonización Contable, precisamente generado para que se cumple en forma y fondo con lo estipulado en esta ley reformada.
Y aunado a ello, se endurecen las sanciones a los servidores públicos -de cualquier rango, responsabilidad o desempeño- que no cumplan estas normas obligatoriamente: se imponen penas corporales de 2 a7 años de prisión y multas de mil a 1,500 salarios mínimos a quienes se conduzcan en forma dolosa dañando la hacienda pública en cualquiera de los tres niveles de gobierno.
Por cierto, los estados tienen hasta el 31 de diciembre de 2013 para cumplir a cabalidad con lo estipulado en esta nueva ley, mientras que los municipios dispondrán hasta el 31 de diciembre del 2014 para hacer lo propio e incluso los ayuntamientos que lo soliciten pudiera pedir y obtener una prórroga hasta el último día del 2015.
