No es nuevo, ni ajeno a la discusión pública, que los penales de México operan con graves carencias e irregularidades. En muchos casos, la capacidad de captación de internos se ha rebasado, las condiciones de vida suelen ser deplorables, la rehabilitación es deficiente o nula, y se han detectado casos en los que las autoridades penitenciarias han sido permeadas por grupos criminales.
No es nuevo, ni ajeno a la polémica estatal, que los penales de Nuevo León son ejemplares. Por desgracia son ejemplos negativos de todo lo que no debe ser un centro de rehabilitación penal. Que en fechas recientes no se hayan registrado eventos violentos o escandalosos, no significa que todo esté bajo control. Siempre existe la posibilidad que la aparente paz sólo refleje el hecho de que un grupo criminal tenga el control total.
El señalamiento del ombudsman nacional Raúl Placencia, sobre el sistema penal de Nuevo León, no fue una declaración con dedicatoria. En realidad se inscribió en una evaluación general de los penales de todo México. Que los nuestros estén entre los peores, debe asumirse como una llamada de atención, que es importante tomar en cuenta.
Pero en nuestro estado, y seguramente en otros, los funcionarios tienen pieles muy delicadas. Si no ellos directamente, siempre habrá comparsas que usen esos datos duros para atacar la administración cuestionada, o los rechacen para defenderla. Esto no abona ni un gramo a la solución del problema. Al contrario, enrarece las cosas a tal grado, que sólo sirve para que la posible solución quede en el limbo. Al final, sólo se está distrayendo la atención y favoreciendo que las cosas sigan exactamente como están… o peor.
Por esto, la prudente reacción del gobernador de Nuevo León al respecto es muy positiva. En aquelarre político local de detractores y defensores a ultranza, Rodrigo Medina manifestó una posición mesurada. Antes de ejercer una defensa, es necesario saber si en realidad hay una ataque. Pedir los pormenores de la evaluación nacional es un buen principio, porque está dando utilidad práctica al trabajo que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y más que uso práctico, le muestra respeto, que es algo todavía más importante y trascendente.
Claro que falta ver cómo utilizarán esos datos. Porque si algo es necesario en Nuevo León, es que la sociedad tenga la absoluta seguridad de que los penales son verdaderos centros de rehabilitación, y no sólo feudos de la delincuencia organizada.
