Aunque no como acusados, empezamos la semana con el requerimiento legal de que comparezcan ante las autoridades un funcionario y un ex funcionario. Por un lado, la Procuraduría estatal cita al todavía alcalde de San Pedro, Mauricio Fernández, para que declare en torno al homicidio del ex diputado panista Hernán Belden. Por otra, un juez ordenó que la Policía Ministerial localice y presente al ex director del Instituto de Control Vehicular, Pedro Morales Somohano.
Parecería el Poder Judicial y la policía investigadora se están tomando muy en serio sus responsabilidades al citarlos. Con Mauricio, porque él mismo se involucró en el caso Belden, por lo menos al exponer públicamente pormenores de los hechos. Con Morales, porque ha desoído ya dos citatorios para declarar en el caso del robo de placas del Instituto que dirigía.
Dirá usted que somos pesimistas, pero esto no nos garantiza absolutamente nada. Los detalles que dé Mauricio Fernández sobre el asesinato de Hernán Belden, no nos dan la seguridad de que se está investigando a fondo, ni de que se esté ni medianamente cerca de resolver el caso. Es posible que por tratarse de un político destacado, se haga un mayor esfuerzo. Pero Aquí no se trata de esfuerzo sino de capacidad. Y no es por hablar mal de la Procuración de Justicia en Nuevo León, pero la lista de crímenes no resueltos, sobre todo en cuestión de desapariciones forzadas, está como para desechar cualquier expectativa.
El Poder Judicial está en las mismas. Esto de las placas robadas, es algo en lo que el propio ex director del Instituto debería estar más que interesado en esclarecer. Pero ha ignorado ya al menos dos citas. Se le requiere como testigo de la defensa de uno de los acusados del robo de placas. No se explica entonces por qué se resiste a declarar, a menos que suponga que su testimonio lo incrimine a él… o bien, que libere de culpa a Homero González, lo que dejaría el caso prácticamente en ceros. En ambos casos no sería nada bueno para el prestigio del Gobierno Estatal. Aunque a estas alturas, ya no hay mucho que cuidar.
Esto de que funcionarios sean requeridos, tampoco es un avance en la Justicia. Se trata de procedimientos rutinarios tanto en una investigación como en un proceso. Es sólo seguir el protocolo. Ni tiene qué ver, ni es un indicador positivo de que se esté combatiendo la impunidad. Para los ciudadanos, no es ni bueno, ni malo, sino todo lo contrario. En Nuevo León parece que no hay banquillo de acusados para la clase política, en todo caso sólo el banquillo de la exhibición pública. Así, mientras se exhibe a dos políticos, para bien o para mal, muchos más medran al abrigo de la incompetencia, el disimulo, o la complicidad de autoridades y jueces.