La Justicia/ Carlos Ravelo Galindo, afirma:
Ya era tiempo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación saliera en defensa de jueces y magistrados que continuamente son vilipendiados por el Poder Ejecutivo a través de la Procuraduría General de la República. Se les acusa de omisiones, fallas y descuidos. Por ello en la Tercera Reunión Regional del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, su presidente, el ministro Juan N. Silva Meza, que también lo es del Máximo Tribunal de justica del país, advirtió que el Poder Judicial defenderá sin vacilación a cualquier juzgador que sea perseguido o presionado sin pruebas por hacer su trabajo. Y ratificó el rechazo a cualquier intento de cohibir el libre y recto ejercicio de la función pública. Fue muy claro el hombre de negro al advertir que todo funcionario judicial tendrá el respaldo y el apoyo del Consejo de la Judicatura Federal ante cualquier pretensión que intente vulnerar la independencia y la autonomía de los juzgadores de la Federación. Sobre todo cuando se haga sin ninguna base y sin ningún sustento de cualquier poder ajeno al judicial. Advirtió al Ministerio Público Federal que no permitirá su intromisión ilegal en el proceder de jueces y magistrados cuando éstos niegan órdenes de cateo o de aprehensión por no contar con los elementos necesarios, como aconteció en fecha reciente. La Procuraduría General de la República se inconformó con la liberación de los 24 funcionarios michoacanos a quien se acusaba, sin pruebas, de diversas ilegalidades. Invocaba también el rechazo a mantenerlos en medidas cautelares, o de negar ordenes de cateo a domicilios particulares de los jueces y magistrados que no se plegaban a sus exigencias. Reconoció Silva Meza, ante 402 titulares de órganos jurisdiccionales federales, que en efecto hay fallas, pero son pocas, y no las que se les atribuyen desde el ministerio público. Errores corregidos con atingencia y oportunidad. Dados a conocer en su oportunidad. Es obvio que el pueblo no quiere a funcionarios desleales a su deber constitucional que los vincula. Ni a los que desprestigian mediante actos indignos a la judicatura o que lesionan el buen nombre de la mayoría de los juzgadores que trabajan con buena fe en el sistema federal de justicia.
Por supuesto que los tribunales de la Federación son ahora, sin cortapisa, la última línea de defensa de los derechos humanos. Constituyen el Poder defensor de los derechos de las personas que impide cualquier intento de regresión en la ampliación de la libertad de todos. Sabemos que el Consejo de la Judicatura Federal debe garantizar las condiciones necesarias para que los impartidores de justicia ejerzan su labor bajo su estricta responsabilidad, sin presiones que busquen vulnerarlos, a partir de conjeturas sin sustento probatorio o de imputaciones basadas en la propia ilegalidad.
La actitud viril del ministro Juan N. Silva Meza nos hizo recordar a dos de sus colegas también presidentes de la Suprema Corte, don Ulises Schmill Ordoñez y don José Vicente Aguinaco Alemán, que supieron enfrentar a diversas autoridades Federales en su pretensión de vilipendiar a los impartidores federales de Justicia. No como otros que se plegaron a la voluntad del Ejecutivo. A aquellos el respeto de México. A los juzgadores, por cumplir fielmente con su obligación.
