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El «compló» del ACTA

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Por José Francisco Villarreal:

Hace unos días, el embajador de México en Japón, firmó el Acuerdo Comercial contra la Falsificación. ¿Por qué lo hizo? Pues parece que en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tomó esa decisión. Claro, para que no se dijera que actuaban por su cuenta, se solicitó y recibió el visto bueno de las otras secretarías.

Pues sí, pero no es posible que en la SCT y en todas las secretarías que corearon a favor de la firma del acuerdo, ni uno sólo ignorara que justo hace un año el Senado desautorizó la firma de ese acuerdo internacional. Y la comisión plural de senadores no tomó esa determinación a la ligera; fueron meses desquitando el sueldo sobre el escritorio y la mesa de discusión.

No se entiende por qué una secretaría, subordinada al Poder Ejecutivo, que a su vez se subordina al Poder Legislativo, autorice la firma de un tratado internacional ya rechazado por el Senado, y que además está tan mal hecho que prácticamente en todos los países tiene críticas y rechazo.

Es cierto que ACTA no pasará sin la autorización del Senado. Entonces es todavía más estúpido firmar un acuerdo que de antemano ha sido desautorizado por quien debe autorizarlo. A menos que se haya acordado ya un cambio de posición con la nueva camada de senadores recién electos. Lo que implicaría dejar que ACTA repose un poco hasta que tome posición la nueva legislatura federal.

Ya algunos senadores electos se han pronunciado contra el acuerdo, pero esto no es ninguna garantía. En México sabemos que una cosa es el discurso de campaña, otro el del funcionario electo, y uno muy distinto el del funcionario ya en su cargo.

Algunos han dicho que esta firma, que parece más bien “madruguete”, pretende generar la polémica para que se genere una discusión positiva y propositiva. La idea es que así se legisle en ese enorme vacío legal de los derechos de autor, sobre todo en lo que se refiere al comercio internacional. Esta también es una visión estúpida, y para estúpidos. Primero, porque la iniciativa de legislar contra la “piratería” es una necesidad y cualquier iniciativa debe generarse desde dentro del ámbito nacional o por lo menos legislativo. Además, si el piratería implica un problema comercial, sería obvio que fuera la secretaría involucrada en comercio la que hubiera recomendado firmar el acuerdo.

El hecho de que sea la SCT quien promueva este acuerdo, dice mucho de la verdadera preocupación y el verdadero objetivo, es decir, las comunicaciones. Y el sistema de comunicación que ha causado más problemas a la (mala) política nacional es Internet.

Se ha insistido en matizar el impacto de ACTA en Internet. Se ha insistido en que no se cumplirá el mandato del acuerdo que obliga a las autoridades ordenar a los proveedores de internet monitorear la actividad de sus clientes y dar esa información a quien lo solicite, sólo por la sospecha de que se están violando derechos de autor.

Esto no se puede hacer, pero es evidente que no se quiere hacer. Si así fuera se hubiera firmado el acuerdo con reservas a los puntos de su articulado que son incompatibles con la Constitución Mexicana. Prometer que no se atentará contra la privacidad es una promesa de político. Se romperá cuando el acuerdo esté aceptado. Y como de costumbre, una vez incrustado en nuestra legislación, quienes prometían respeto a la privacidad del internauta, dirán que son las leyes, no ellos, quienes les impiden cumplir.

La trampa está puesta. Y aunque parezca que soy obradorista (que no lo soy), le robo una de sus obsesiones para decir que esto del ACTA me parece un “compló”. Más aún, la revancha del sistema contra el enconoso internauta que puso en evidencia las elecciones no más sucias, sí más descaradas en la historia de México.

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